El grupo formado en su mayoría por mujeres, niños y ancianos se resguardó en la plaza Hugo Chávez de esta capital cuando, como consecuencia de los choques hostiles, sus viviendas fueron incendiadas o destruidas.
Algunos de los desplazados recibieron una suma de 10 mil gourdes (poco más de 74 dólares) para buscar otro lugar donde vivir y ante la reticencia, las fuerzas del orden dispararon al aire.
Los conflictos de julio entre la federación de pandillas G-9 y aliados y sus rivales del G-Pep dejaron unos 471 fallecidos, heridos o desaparecidos, de acuerdo con un balance de Naciones Unidas, aunque la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos aseguró que las víctimas mortales superaron los 300.
Además, más de cuatro mil 500 personas tuvieron que huir de sus viviendas, entre ellas 700 menores, y 300 mil ciudadanos quedaron atrapados sin agua, comida y servicios esenciales mientras duraron las hostilidades.
Esos fueron los segundos enfrentamientos con más víctimas desde mayo, cuando las cuadrillas que operan en Croix des Bouquets, un suburbio al noroeste de Puerto Príncipe, dejaron al menos 200 fallecidos.
La violencia creció en el país caribeño desde el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse y ante la incapacidad de las fuerzas policiales de combatir a pandillas estructuradas y bien armadas.
Se estima que al menos 200 bandas operan en la capital y sus alrededores y son responsables de al menos un millar de secuestros desde mediados del pasado año y una cifra similar de asesinatos durante 2022.
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