Un nuevo capítulo se abrió ayer en la desgastante controversia entre el Legislativo, donde la derecha extrema plantea abiertamente el fin de la administración de Castillo desde el inicio del Gobierno, y el Ejecutivo, que acusa al Congreso de golpismo y obstruccionismo.
El primer ministro, Aníbal Torres, se presentó en el pleno congresal y planteó una reforma legal que, según dijo, restablezca el derecho del pueblo a reformar la constitución directamente mediante referendo.
Torres ató un proyecto de ley al respecto a una cuestión de confianza, es decir, que si el Congreso no aprueba lo planteado, asumirá la negación de la confianza, lo que obliga a la renuncia de todo el gabinete ministerial y, de repetirse la situación, el presidente podrá disolverlo constitucionalmente
“Estamos en el momento crucial, en el momento cúspide del enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo”, comentó el destacado analista Juan de la Puente, quien consideró posible un virtual empantanamiento del conflicto.
Sobre la complejidad de la controversia, dijo que mientras el Gobierno argumenta que la cuestión de confianza es parte de sus atribuciones, desde el Parlamento, que analiza el desafío, se alega que el planteamiento del Ejecutivo invade su facultad de legislar.
El Legislativo tiende, según voceros de bancadas que son parte de la mayoría, a declarar improcedente el emplazamiento por invasión de sus fueros, sobre las opciones de enviar el proyecto a la comisión congresal de Constitución, que puede archivarlo, o simplemente otorgar la confianza o negarla.
Sin embargo, Torres advirtió en su presentación que no aceptará otra respuesta que no sea el voto o la negación de la confianza y adelantó que cualquier otra respuesta será asumida por el Gobierno como negativa y su efecto será la renuncia colectiva del gabinete.
Sobre una ley del actual Congreso que redujo las posibilidades del Gobierno de presentar un voto de confianza y establece que este solo puede negarse expresamente, Torres señaló que la constitución dice que habrá negación si el Congreso se rehúsa a la misma, lo cual, dijo, abarca cualquier forma denegarla, incluyendo la negativa a votarla.
Legisladores del bloque de derecha extrema, como Jorge Montoya, Norma Yarrow y Martha Moyano, reaccionaron en forma beligerante ante la presentación de la cuestión de confianza.
Moyano, quien se negó a saludar a Torres a su llegada al Congreso, sostuvo que el primer ministro solo busca provocar el cierre del Congreso -lo cual el gobierno niega-, convocar una asamblea constituyente y que Castillo quede impune de acusaciones de corrupción y se perpetúe en el poder.
Para la constitucionalista Beatriz Ramírez, la iniciativa gubernamental, más que jurídica, es política, pues le granjea apoyo de la población, que en mayoría abrumadora detesta al desprestigiado Parlamento.
Además, indicó, el Ejecutivo quiere hacer evidente que el Congreso ha creado un desequilibrio de poderes a su favor y obstaculiza la labor del Ejecutivo, en los días previos a la llegada de una misión observadora de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La misión llegará el domingo próximo, ante una solicitud del Gobierno que invocó el riesgo de un golpe de Estado de nuevo tipo, algo que la derecha extrema busca abiertamente desde el inicio de la administración de Castillo.
El Legislativo bajo control de la derecha extrema ha intentado dos veces ese objetivo con fracasadas mociones de vacancia (destitución) en el Congreso y ha puesto en marcha un proceso por una supuesta traición a la patria y otro por una denuncia de la fiscal de la Nación, por presunta corrupción, que son investigados.
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