Prima más bien escepticismo sobre las posibilidades de que la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que llega a pedido del Gobierno peruano pueda solucionar una crisis que lleva más de cinco años.
El excanciller de Paraguay, Eladio Loizaga, representante del secretario general de la OEA, Luis Almagro, difundió hoy un mensaje por video, en el que asegura que la misión llega a “escuchar al Perú” en entrevistas con los titulares de los poderes del Estado y otros interlocutores.
Adelantó que el grupo no podrá atender todas la solicitudes de audiencia y señaló que quienes no sean recibidos podrán enviar sus criterios a la misión, cuya ronda de diálogos durará en Lima solo dos días, el lunes y el martes próximos.
El Gobierno espera los buenos oficios de la misión para un diálogo político que deje atrás la confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, este último bajo conducción de fuerzas de derecha extrema con gran apoyo mediático y empresarial.
Esa oposición no acepta otra salida a la crisis que la defenestración del presidente Pedro Castillo -lo que intenta desde el inicio del gobierno- para que sea juzgado por acusaciones de corrupción presentadas por la Fiscalía de la Nación, que el Gobierno rechaza y considera parte de un golpe de Estado de nuevo tipo.
Voceros del Congreso se niegan a concertar con el Ejecutivo y, como el informe de la misión y sus eventuales recomendaciones y buenos oficios para el diálogo no son de cumplimiento obligatorio, afirman que no aceptarán lo que ese informe planteé al respecto.
En esa línea, el Congreso, tras anunciarse la misión de la OEA apuró el paso para sumar adhesiones a una vacancia (destitución) del mandatario, lo cual ha intentado dos veces sin lograrlo, además de acelerar una acusación a Castillo de traición a la patria y una denuncia por tres casos de corrupción esgrimida por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Esos empeños sufrieron dos reveses, al no alcanzar una vez más suficiente respaldo para la vacancia ni poder defender el procurador del Congreso la acusación de traición a la patria ante el Tribunal Constitucional por la carencia de fundamentos de la misma, según una amplia gama de opiniones.
La misión de la OEA encontrará por otra parte al Gobierno y al Congreso enfrascados en una pugna originada en la presentación del primero al Congreso, de una reforma legal que restablezca la participación ciudadana mediante referendo directo para reformas constitucionales, recortada por una ley aprobada por el Legislativo.
Analistas que desconfían de la OEA y de su secretario general, Luis Almagro, por sus oscuros antecedentes, temen que la situación pueda derivar en algo parecido a lo acontecido en Bolivia donde, tras avalar las elecciones de 2019, la misión electoral de la organización emitió un informe que dio pie al golpe de Estado que obligó a renunciar al entonces presidente Evo Morales.
Dudas similares plantean las bancadas parlamentarias de izquierda y voces como la del secretario general del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien tras recordar el “bolivianazo” de 2019, advirtió que la OEA “sigue siendo un instrumento de colonización política de intereses foráneos y sus opiniones pueden producir guerras fratricidas”.
La misión de la OEA está integrada por los cancilleres de Argentina, Santiago Andrés Cafiero; Ecuador, Juan Carlos Holguín; Belice, Eamon Courtenay; y Guatemala, Mario Búcaro Flores; Paraguay, Julio Arroyo; y los viceministros de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil, y de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Christian Guillermet, así como el vocero, Eladio Loizaga.
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