Benavides se pronunció sobre el tema, según un informe del servicio de prensa, ante una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sostiene una serie de reuniones con los poderes del Estado y otros interlocutores, para evaluar la crisis política en Perú.
Sostuvo en la cita que es falsa la versión del Gobierno, de que Benavides presentó una acusación constitucional contra Pedro Castillo por una motivación política, como parte de una estrategia de ruptura del orden democrático.
En realidad, dijo, presentó ante el Parlamento una denuncia constitucional producto de una investigación preliminar que señala a Castillo como cabeza de una organización criminal enquistada en el Ejecutivo, lo cual carece de sustento, y el mandatario lo niega.
Añadió que solo puede avanzar hasta allí las pesquisas, por lo que hizo la denuncia para que el Congreso decida qué hacer en uso de sus atribuciones, y lo que ha hecho el Legislativo al respecto es iniciar una acusación constitucional, con el fin de inhabilitar y retirar del cargo al mandatario.
Benavides negó también que hubiera pedido al Congreso inaplicar el artículo 117 de la Constitución, que establece que los presidentes solo pueden ser acusados por algunos delitos, entre los que no figuran los de corrupción, pero si lo echan de la presidencia carecerá de inmunidad.
La fiscal agregó que es competencia exclusiva y excluyente del legislativo tomar una decisión respecto a la denuncia constitucional. Aludió a los reclamos de miembros del Gobierno y políticos que exigen que la Junta Nacional de Justicia investigue a la fiscal por retirar a un magistrado que estaba a cargo del caso de su hermana, Emma Benavides, una jueza investigada junto a sus colegas integrantes de un tribunal, por poner en libertad condicional a un importante narcotraficante que se fugó del país.
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