Cuando llegaba la misión de la OEA al Palacio Legislativo, como parte de su evaluación de la crisis política, apareció en el salón de ingreso un cartel que denunciaba el caso de la empresaria lobista (cabildera) Karelim López, quien pese a ser investigada por corrupción en un contrato con el Estado, no ha sido detenida.
López, en busca de un trato benigno de la justicia, hizo declaraciones a la Fiscalía que inculpan a Castillo y a seis congresistas de la bancada centrista de Acción Popular, de recibir prebendas por no votar por la vacancia (destitución) del presidente Castillo.
El cartel denunciaba que, tras más de ocho meses de haber imputado a los legisladores, López no presenta las pruebas que ellos reclaman y se niega a comparecer ante una comisión del Parlamento para sustentar sus afirmaciones.
Uno de los afectados, Darwin Espinoza, dijo que la misión de la la OEA debe enterarse de que una acusación sin pruebas, avalada por la Fiscalía, es usada por la mayoría parlamentaria opositora para chantajearlo a él y a cinco compañeros de bancada, a fin de que voten por la vacancia (destitución) de Castillo.
El presidente ha denunciado por otra parte que la Fiscalía presiona a funcionarios de su entorno, varios ya detenidos, para que lo acusen de corrupción a cambio de obtener su libertad.
Los legisladores acusados junto a Darwin Espinoza son Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Ilich López y Jorge Flores.
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