La decisión del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, emergió minutos después de la conferencia de prensa del timonel del PL, Valdemar Costa Neto, quien señaló inconsistencias en modelos de urnas.
El exdiputado cuestiona además en su reporte el resultado de la segunda ronda de votación del 30 de octubre, en la cual Bolsonaro fracasa ante el gobernante electo Luiz Inácio Lula da Silva.
Tal demanda hecha al TSE por el PL cita el informe técnico de auditoría del instituto Voto Legal, contratado por la organización política, que habría constatado «evidencias contundentes de mal funcionamiento de máquinas electrónicas».
Sin embargo, el partido no presenta a la corte la fiscalización en que se basa la solicitud.
Además, De Moraes dio 24 horas para que Bolsonaro y Costa Neto incluyan en la petición los datos de la supuesta auditoría de la primera vuelta de plebiscito «bajo pena de denegación inicial».
El PL pidió la anulación de votos solo del segundo turno y las urnas cuestionadas también se utilizaron en el primero, explicó el ministro.
La organización política contrató el Voto Legal para una auditoría independiente y demanda anular los resultados de los receptáculos electrónicos de modelos más antiguos (son más de la mitad), porque los considera imposibles de auditar (unos 250 mil).
El nuevo intento de cuestionar la victoria electiva de Lula fue anunciado en la última semana por Costa Neto, quien adelantó, en un video, que un estudio encargado por su partido encontró problemas en la identificación de máquinas electrónicas fabricadas antes de 2020. De acuerdo con el exdiputado, las urnas antiguas tendrían todas un único número de patrimonio.
Ante la prensa, Costa Neto hizo hincapié en que el PL no es experto en datos. Por eso, contrató al instituto y al ingeniero Carlos Rocha para hacer el análisis: «Es el trabajo de especialistas renombrados», alegó.
Todos los organismos internacionales y nacionales que acompañaron a las dos vueltas de elecciones certificaron que el sistema es seguro.
Fueron más de 120 observadores internacionales miembros de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore); la Red de los Órganos Jurisdiccionales y de Administración Electoral de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (Rojae-CPLP); el Parlamento del Mercosur (Parlasul); el Carter Center, entre otros.
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