La Asociación Civil Transparencia, representada por el abogado Jorge Lazarte, vinculado al poderoso grupo económico Intercorp, sostuvo que el mandatario incurrió en infracción constitucional, que se sanciona con inhabilitación para cargos públicos, al mandatario y a todos sus ministros.
La denuncia se publicó casi al mismo tiempo que una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) dejaba el país tras pedir el diálogo entre todos los actores políticos, al cabo de una breve visita en la que recogió opiniones sobre la crisis política.
Las fuerzas de derecha rechazaron o no respaldaron la convocatoria, mientras Castillo expresó su disposición a dialogar con todos los poderes en aras de la gobernabilidad.
El nuevo intento de retirar del cargo al mandatario fue precedido por un fallo del Tribunal Constitucional que declaró sin fundamento una denuncia contra el presidente por traición a la patria, que planteaba inhabilitarlo por cinco años, lo que equivale a deponerlo.
Según el texto de la nueva denuncia publicada hoy en Twitter -donde motivó mayormente rechazo y burlas de quienes lo consideran una maniobra derechista- Castillo y su gabinete ministerial cometieron infracción al presentar el primer ministro Aníbal Torres una moción de confianza la semana pasada.
La moción, que plantea aprobar una enmienda legal que reconozca el derecho a lograr cambios constitucionales mediante un referendo de efecto directo y no sujeto a la aprobación o el veto del Parlamento.
Torres advirtió que si la reforma no se aprueba, la confianza habrá sido rechazada y tendrán que renunciar él y todos los ministros, desenlace que, de repetirse, según la Constitución, dará al jefe de Estado la facultad de disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas.
La denuncia del grupo opositor sostiene que el Ejecutivo en pleno cometió infracción constitucional porque la moción invade las atribuciones del Congreso de legislar y su objetivo obvio sería provocar el cierre del Legislativo, lo cual el Gobierno niega.
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