El vocero de ese colectivo, Jorge Guzmán, explicó a la prensa que a falta de acuerdos sobre las propuestas de organizaciones sociales para reestructurar el diálogo sobre este asunto, la directiva de la CSS se apresta a entregar una propuesta de normas arbitrarias al presidente de la República que impulsa el sector privado.
En ese ente la representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Aida Ureña, impuso en el proyecto medidas paramétricas que elevan la edad de jubilación y las cuotas de los trabajadores para pensiones, trascendió.
Guzmán recordó que en la mesa única de diálogo en la ciudad de Penonomé (Coclé), instalada en julio último con el Gobierno, funcionarios de la CSS como Edwin Salamin, su secretario general, se comprometieron a considerar las propuestas de las alianzas populares que optan por rescatar un sistema solidario y cambiar el moderador en esas pláticas.
Incumplen con estos acuerdos, dijo, como lo han hecho en todos estos meses con otros relacionados con los precios de los alimentos, medicamentos y energía eléctrica.
Sobre el tema, también el representante en las negociaciones con la CSS a nombre de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Gregorio Guerrel, denunció en una carta que la intención es privatizar esa institución de servicio público de salud y atención a jubilados.
Guerrel alertó que de llegar esa propuesta a la Asamblea Nacional(parlamento) en enero de 2023, se impondrían el interés del empresariado privado, pero perjudicial para los asegurados.
Por su parte, el líder sindical Mario Serrano, de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá(CNTP), ratificó que la alianza Pueblo Unido por la Vida, que aglutinas a decenas de organizaciones gremiales, decidió suspender el trabajo en mesas de seguimiento a los acuerdos de Penonomé sobre canasta básicas, educación y medicamentos, debido a la falta de seriedad del Ejecutivo.
«Todavía está por definirse el inicio de una segunda fase del diálogo nacional por Panamá que debió comenzar a finales de octubre pasado, bajo presiones de los privados en complicidad con el Gobierno», remarcó.
Entrevistado por Prensa Latina, el secretario general de Conusi, Marco Andrade, señaló que los trabajadores están en todo su derecho de volver a las calles y reclamar justicia social. En esta ocasión no pasará como como en 2005 en la administración de Martin Torrijos (2004-2009), y denunció que la idea es tomar al pueblo por sorpresa, aprovechando la coyuntura del mes de noviembre y diciembre, los días feriados por fiestas patria, navidad o fin de año.
También estimó que la solución a la actual crisis financiera de la CSS pasa por la recuperación de la economía, acabar con el desempleo y garantizar la estabilidad del mercado laboral, signado actualmente por más del 50 por ciento de informalidad, lo que no genera aportes al seguro social.
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