La orden de detención incluye al expresidente de la empresa estatal de hidrocarburos, Petroperú, Hugo Ángel Chñavez; el empresario Samir Abudayeh y el hasta hace poco asesor de la Dirección Nacional de Inteligencia, Henry Shimabukuro, asesor de a Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
Los dos primeros son acusados por la compra irregular de biodiésel a la empresa de Abudayeh, por parte de Petroperú, aunque la defensa de los investigados alega que la operación, que fue anulada, se realizó sin objeciones en una nueva licitación.
Un informe de la Superitendencia de Migraciones reportó que Chávez viajó el 21 de noviembre a Bolivia y aparentemente no tenía impedimento de salida del país, como se estila en casos similares, o si la tenía simplemente la violó.
Shimabukuro es investigado por integrar el llamado “gabinete en la sombra”, como la Fiscalía denomina a un grupo de funcionarios cercanos al mandatario que, sostiene, realizaban actos de corrupción en contratos de obras públicas.
También hay orden de detención para el hasta el jefe de la DINI, José Fernández Latorre, y Danel Prínicipe Collazos y hasta la emisión de este despacho la Fiscalía anticorrupción, cuyo equipo de policías es el encargado de las detenciones, no había confirmado las capturas
La operación de la Fiscalía se realizó en medio de una confrontación entre el Gobierno y el Congreso sobre el “rechazo de plano” a una cuestión de confianza presentada por el primero al Legislativo, para que este apruebe una reforma logal a favor del derecho ciudadano a reformar la constitución por referendo directo.
El presidente Castillo asumió el rechazo como expresión de que el Parlamento se rehúsa a otorgar la confianza y como consecuencia de ello aceptó la renuncia del primer ministro, Aníbal Torres, y anunció la renovación de todo el gabinete ministerial, lo cual rechaza la oposición, que insistió en buscar la suspensión del mandatario para separarlo del cargo.
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