El gabinete ministerial hizo junto a ella el corto trayecto entre el palacio de Gobierno y el Congreso de la República, con el obvio fin de mostrar cohesión en la nueva etapa de la crisis, marcada por la caída del gabinete, en su mayoría ratificado.
La primera ministra acudió al Parlamento unicameral para asistir al debate sobre el presupuesto nacional de 2023, que ella calificó como el más importante.
En una entrevista previa, Chávez ratificó que el Congreso al “rechazar de plano” una cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo, atada a la aprobación por el Legislativo de una ley que restablece los términos de esa figura por la cual el Gobierno, según la Constitución, puede presentarla discrecionalmente.
Preguntada sobre si el Gobierno gastó su primera “bala de plata” al considerar improcedente la referida moción, la jefa de Gobierno respondió afirmativamente con énfasis y señaló que la fundamentación jurídica de esa posición está contenida en el acta de la sesión del Consejo de Ministros que así lo acordó.
Confirmó así que, efectivamente, para el Ejecutivo, los legisladores usaron la primera negación de confianza. De hacerlo otra vez, según la Constitución, el presidente quedará habilitado para disolver al Congreso, pues este y el Gobierno deben continuar hasta 2026.
Chávez aseguró que su objetivo no es tomar esa extrema medida, sino propiciar el diálogo para la gobernabilidad y que se restablezca el equilibrio de poderes, lo que alude al hecho que el Parlamento ha hecho diversas modificaciones legales en desmedro de las facultades del Ejecutivo.
Argumentó que lo importante es lo que el Gobierno y el Parlamento dejarán a quienes ocupen en el futuro esos poderes.
“No tenemos la intención de una segunda cuestión de confianza para cerrar el Parlamento, lo que vamos a hacer es tender puentes de diálogo”, dijo, aunque advirtió también que el Ejecutivo está dispuesto a tomar decisiones en torno a lo que considera justo.
Sobre la decisión legislativa de presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, dijo que lo importante es que lo más inteligente que puede hacer ese poder es buscar el diálogo y la concertación, sin afectar su papel de oposición.
La demanda fue aprobada el sábado último -día en que juró el cargo Betssy Chávez-, por 98 de 112 congresistas presentes, amplia mayoría de derecha extrema que interpretan como cierre de filas general en defensa del Congreso, incluyendo parte del sector progresista.
El diputado Guillermo Bermejo, por el contrario, señaló que la abultada votación solo reflejó el hecho de que los legisladores no quieren dejar sus curules y, para ello, no quieren llegar a extremos como una moción de dudosa legalidad presentada por la derecha, para suspender al presidente Pedro Castillo por un año para que afronte las acusaciones de corrupción de las que es objeto.
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