La decisión precisa que la indemnización debe otorgarse a aquellas afectadas que figuran en el Registro Único de Víctimas de Esterilización Forzada, cerca de ocho mil, mínima parte de aproximadamente 320 mil, según estimado de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por Esterilizaciones Forzadas.
La presidenta de la Asociación, Rute Zúñiga, dijo que deben recibir reparaciones todas las afectadas por la política de esterilización forzada que el gobierno fujimorista presentó como un programa de planificación familiar.
El Quinto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada el proceso de amparo planteado por un grupo de mujeres afectadas y activistas solidarias con ellas y determinó que el Estado peruano adopte para ellas una política de reparaciones integrales.
Zúñiga dijo a Prensa Latina que su organización solicita al Ministerio de Justicia que sus procuradores no apelen contra el fallo judicial y el Gobierno inicie la entrega de indemnizaciones.
La campaña de esterilización masiva de féminas pobres e indígenas tenía metas que el personal de salud encargado estaba obligado a cumplir y numerosos testimonios de afectadas indican que fueron privadas de la posibilidad de concebir hijos con engaños o por la fuerza.
Está pendiente hasta la actualidad un juicio contra Fujimori -quien cumple una larga condena por violaciones de derechos humanos y corrupción- y quienes eran sus ministros de Salud a cargo de la campaña.
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