En una controvertida audiencia preliminar, la letrada se acogió al término por ley de 30 días para sentar en el banquillo de los acusados al multimillonario exgobernante y actual líder del partido Realizando Metas, con aspiraciones para 2024 de llegar al Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo).
Ya este proceso por el caso New Business había sido postergado por la propia Marquínez en octubre último, luego de que la defensa interpusiera un recurso de nulidad.
La vista es evaluada por expertos como otra prueba de fuego para el cuestionado sistema judicial panameño.
El abogado Carlos Herrera, por ejemplo, opinó que el exmandatario ha utilizado todo tipo de subterfugios, aunque ahora está obligado a rendir cuentas ante la justicia.
Además manifestó que el actual caso por la compra del grupo Editora Panamá América S.A es grave porque se utilizaron recursos de actos de corrupción para adquirir medios de comunicación, por lo que cree que el delito cometido no puede quedar impune.
Mientras, el analista político José Eugenio Stoute comentó que el sistema judicial tiene en los procesos seguidos a Martinelli- también involucrado en un juicio similar por sobornos con la constructora brasileña Odebrecht-, su última oportunidad de reconciliarse con la sociedad.
En New Business la investigación consta de 164 tomos y comenzó en marzo de 2017, cuando el Ministerio Público (MP) -que insiste en llamado inminente a juicio- tuvo conocimiento de la comisión del delito contra el orden económico por la compra irregular de un conglomerado de medios informativos.
De acuerdo con el MP, los nuevos desembolsos fueron entregados por empresas que a su vez recibieron contratos para distintas obras de infraestructura. Todas estas acciones se ejecutaron también en el periodo 2009-2014. En esa lista sobresalen la autopista Arraiján-La Chorrera, la ciudad deportiva de la caribeña provincia de Colón y la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Nacional (parlamento), entre otras.
Según la fiscalía, la lista de los llamados a juicio tiene un factor común, y es que la mayoría son contratistas del Estado en la administración de Martinelli y están vinculados a otros casos judiciales que se relacionan entre sí, por lo que New Business parece ser la pieza del rompecabezas que los une.
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