La Dirección contra la Corrupción de la Policía (Dircor) y la Fiscalía especializada en el tema allanaron la casa de Cáceres de madrugada, en una operación que incluyó a siete funcionarios de la municipalidad a su cargo y el registro de 14 inmuebles.
Esa operación se realizó en virtud de una orden judicial de detención preliminar por siete días, en el marco de una investigación por los posibles delitos de colusión y peculado cometidos en el contrato con una empresa de limpieza pública.
Entre los detenidos figuran la gerente general del municipio, Nacy Ninapaitán, y el gerente de Ética e Integridad, Manuel Enríquez.
Paradójicamente, las acusaciones de corrupción contra el presidente Castillo fueron invocadas por Cáceres para declarar en octubre último persona no grata al mandatario.
La medida fue duramente criticada por quienes consideraron ridícula la actitud del alcalde y señalaron que la declaración -una práctica diplomática y no municipal- no corresponde a las atribuciones de los municipios.
Sin embargo, Cáceres declaró este mes no grato al hasta hace unos días primer ministro, Aníbal Torres, por afirmar que algunos padres de San Isidro y otras zonas exclusivas inculcan a sus hijos desde la niñez la idea discriminatoria de que son superiores a los demás.
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