En un comunicado, el organismo integrado por la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, Convergencia Sindical y la Federación Auténtica de Trabajadores, entre otras agrupaciones, rechaza el fallo de un juzgado liquidador de causas penales que condena a lideres de esos gremios.
El mensaje recuerda que los hechos investigados ocurrieron entre el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de julio de 2009, y los auditores de la Contraloría, en su informe final, concluyeron que los fondos del 5,0 por ciento del Seguro Educativo “se manejaron conforme a las Leyes, Reglamentos y Normativas existentes”.
La inexistencia de lesión patrimonial en perjuicio de los fondos públicos hace imposible considerar un delito de peculado contra la Administración Pública, de lo que acusan ahora a los sindicalistas.
Incluso se señala que el Juzgado Décimo de Circuito sobreseyó a los dirigentes en 2011 y 2019 y el propio Consejo de Gabinete, en 2014, ordenó desistir de toda querella legal promovida por el Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, un apresurado informe de la fiscalía, publicado al mismo tiempo que la sentencia, confirma la parcialidad de esa institución y la manera de tergiversar la verdad de los hechos, según el texto.
La sentencia condenatoria dictada después de 10 años de estar siendo procesados los dirigentes surgió sin considerar que está pendiente un fallo de Amparo de Garantías Constitucionales contra la actuación de la Jueza Liquidadora, en el que se discute si la acción penal esta prescrita o no.
Esa sola circunstancia, agrega Conato, desaconsejaba una decisión hasta tanto se resolviera un principio de defensa al derecho humano de ser juzgado conforme al procedimiento legal.
Para las centrales obreras, la actual satanización desatada contra el movimiento sindical recuerda el mandato del expresidente Ricardo Martinelli(2009-2014), cuando no se disimulaba la politización de la justicia penal y la presión, a sangre y fuego, contra cualquiera que se opusiera a sus planes.
Ahora se quiere desacreditar al movimiento sindical con el objetivo de debilitar y dividir la lucha empeñada en no permitir la privatización de la Caja de Seguro Social, ni la imposición de medidas paramétricas, tal como pretende el Ejecutivo y el empresariado, agrega Conato.
Ese fallo penal, agrega, tiene un sesgo político inocultable, al tiempo que insta a los trabajadores a cerrar filas para impedir se sepulte el sistema solidario de jubilaciones y transfieran las pensiones a la voracidad de grupos privados nacionales e internacionales.
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