Por una parte, el pleno congresal trató la admisión a debate del tercer intento de vacancia por “permanente incapacidad moral”, que motivó un largo debate en la que legisladores de extrema derecha como Diego Bazán se negaron a acceder al tardío llamado de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La exhortación es parte del informe del Grupo de Alto Nivel de países de la OEA que el mes pasado visitó Lima para evaluar la crisis a pedido del Gobierno peruano.
En el debate, los legisladores progresistas cerraron filas contra la vacancia de Castillo y alentaron la opción del diálogo para la gobernabilidad al que la nueva primera ministra, Betssy Chávez, convocó a todas las bancadas parlamentarias.
De otro lado, la Comisión de Constitución del Parlamento aprobó inicialmente un proyecto para reglamentar el artículo 114 de la constitución, sobre suspensión del presidente por incapacidad temporal, como si esta fuera igual a la incapacidad moral.
El proyecto establece que la suspensión temporal se apruebe solo con la mitad más uno del total de congresistas, es decir 66, y no dos tercios (87) requeridos para la vacancia por incapacidad moral.
La reforma se hace a contramarcha, después que un congresista conservador presentó una moción para suspender a Castillo por un año para que enfrente las acusaciones que le hace la Fiscalía, por presunta corrupción; aunque una vez suspendido, perdería la inmunidad y podría ser hasta detenido.
La misma comisión aprobó preliminarmente una reforma constitucional para adelantar las elecciones de 2026 al año próximo, acortando el mandato del presidente y los congresistas a solo tres años.
El adelanto exige, sin embargo, por tratarse de una reforma constitucional, ser aprobado en dos legislaturas (semestrales) con una mayoría calificada de dos tercios
Fuentes parlamentarias anotaron que el proyecto es un guiño a elementos centristas que propugnan esa salida a la crisis, para que se sumen, como lo han hecho parte de ellos, a la vacancia.
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