Con gran despliegue mediático la empresaria Sada Goray sostuvo que el exfuncionario Salatiel Marrufo, investigado por presunta corrupción, le pidió cuatro millones de soles (poco más de un millón de dólares) para levantar los obstáculos burocrático a un proyecto inmobiliario.
Añadió que Marrufo le dijo que el dinero era para el presidente Castillo, destinado a una planilla de pagos a sus familiares y a parlamentarios y ella aceptó entregarlo por partes, lo que hizo efectivo.
Se declaró víctima de extorsión, pero el ex procurador Anticorrupción Álex Guerrero dijo que ella cometió el delito de corrupción de funcionarios y debe confesarlo y presentar las pruebas de sus afirmaciones.
La prensa se dividió entre quienes dan credibilidad a los dichos de la empresaria y los que señalan, como Guerrero, que debe presentar evidencias de sus acusaciones o apuntan que también está por probarse que el dinero pagado tuvo el destino mencionado por Marrufo, según Goray.
El analista Eduardo Adrianzén cuestionó la versión de la mujer de negocios al señalar que aceptó pagar el presunto soborno en vez de denunciar el ilegal pedido , en vez de decir que estaba asustadas y lo revela ahora porque ama a su país.
De otro lado, el diario La República afirmó que el soborno sirvió también para que la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) legalizara la venta irregular por la empresa de Goray de un extenso terreno del Estado.
Precisó que cuatro directores de ese organismo rechazaron el pedido de legalización y tuvieron que renunciar ante presiones y un nuevo director contrató a la abogada Flor Olivera, socia de Goray en una empresa inmobiliaria, para que elaborara un estudio que finalmente recomendó la legalización de la cuestionada operación.
Fuentes empresariales señalan que la denunciante tiene, además, compañías mineras y vínculos con grandes empresarios opositores del mismo sector.
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