El expresidente Pedro Castillo fue detenido este miércoles tras abandonar el Palacio de Gobierno una vez aprobada su cesantía por el Parlamento.
La cartera a cargo de la diplomacia boliviana llamó a todos los actores políticos peruanos a garantizar los principios democráticos, el orden constitucional y el Estado de Derecho.
Fuentes policiales indicaron desde la capital peruana que la caravana de Castillo y su escolta fue interceptada por policías de elite que la obligaron a ir a la Región Policial de Lima, cerca del centro de la ciudad, donde se congregaron decenas de detractores que lanzaban gritos contra el exdignatario.
Allí se personaron la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y agentes de la unidad policial de apoyo a la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción en el Poder, que investiga a Castillo por presuntos actos de corrupción.
Junto al exjefe de Estado se hallaba el ex primer ministro, Aníbal Torres, su amigo y destacado jurista, quien asumió su defensa tras la renuncia de sus anteriores abogados, Benji Espinoza y Eduardo Pachas, quienes renunciaron por estar en desacuerdo con la disolución del Congreso.
Tampoco respaldaron la medida y renunciaron a sus cargos la primera ministra, Betssy Chávez; el canciller, César Landa; y los titulares de Justicia, Economía, Trabajo, Comercio Exterior, Ambiente y de la Mujer.
Un papel decisivo en el desenlace final de los hechos, desempeñaron los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía, quienes se negaron a apoyar a Castillo en la disolución del Poder Legislativo.
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