El juez supremo Juan Carlos Checkley accedió así al pedido de la Fiscalía de mantener por el citado lapso la detención iniciada ayer, cuando el mandatario fue apresado por anunciar la disolución del Congreso, lo que califica de golpe de Estado.
Según la práctica habitual, en ese tiempo el Ministerio Público realiza diligencias para sustentar la indagación por lo delitos de rebelión y conspiración y pedir que la detención se convierta en prisión preventiva que en caso extremo puede llegar a 36 meses.
El juez Checkley desestimó los argumentos de la defensa, según la cual, Castillo solo hizo una declaración por televisión anunciando medidas de emergencia que no se hicieron efectivas y tampoco emitió documento oficial alguno decretando esa y otras disposiciones.
De otro lado, el Poder Judicial rechazó un hábeas corpus a favor de la libertad de Castillo, recurso que argumentó que había sido víctima de detención arbitraria, ayer, junto a su ex primer ministro, Aníbal Torres. Este último fue liberado y se acreditó como abogado del exgobernante.
El exmandatario participó en la audiencia sobre prisión preliminar por teleconferencia, desde la prisión en la cual permanece desde anoche, ubicada en los terrenos del cuartel de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía.
Frente al presidio, miles de mujeres y hombres de condición humilde reclamaban la libertad de Castillo, frente a una muralla compacta de policías alineados para impedir que se acerquen a las puertas de la cárcel, en la que también cumple una larga condena el exgobernante Alberto Fujimori, sin que albergue más reclusos.
Los manifestantes lanzaban gritos hostiles contra los periodistas, debido a que la mayoría de los medios de prensa mantuvieron durante la administración de Castillo una campaña constante en su contra.
Similares protestas se realizaron en las ciudades andinas de Ayacucho, Huancavelica y la surandina de Puno, en la norandina de Chota y en la costera y norteña de Trujillo.
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