En una reunión celebrada la víspera en ese departamento, los opositores de tendencia extremista anunciaron una agenda de acciones como una marcha para el 9 de diciembre, el rechazo a los procesos penales que anunció el Ministerio Público y la decisión de no concurrir a ninguna notificación judicial en la ciudad de La Paz.
Las denuncias contra el gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, y la Unión Juvenil Cruceñista fueron unificadas y radicarán en la urbe paceña.
Los participantes en el encuentro definieron “estrategias de lucha” contra lo que calificaron de “ataques al pueblo cruceño”.
El fiscal general, Juan Lanchipa, explicó que las denuncias múltiples de víctimas de los grupos violentos demostraron que sí corresponde realizar procesos penales, cuando menos por 10 delitos graves como violación de derechos humanos a la vida, al trabajo, a la salud, educación, libre circulación y expresión, daños a los bienes del Estado y la propiedad privada.
En 36 días de paro con violencia murieron cuatro personas, cientos resultaron heridos, se reportó la denuncia de una mujer por violación grupal, ocurrieron saqueos de comercios, de la Confederación Obrera Departamental y fue incendiada la sede del Sindicato de Campesinos.
Igualmente, ocurrieron agresiones y acciones discriminatorias contra indígenas ayoreos y la economía departamental y nacional sufrieron pérdidas valoradas en más de mil 200 millones de dólares.
Sin embargo, el Comité Interinstitucional considera la investigación judicial como “persecución política nula de pleno derecho”.
Sobre esa base, sus integrantes decidieron “mantener el estado de emergencia para estar preparados a reaccionar ante cualquier intento del Gobierno nacional de tomar acciones judiciales contra nuestros líderes y ciudadanos comprometidos por la lucha de Santa Cruz”.
Asimismo, aprobaron la creación de “comisiones capaces de organizar acciones para las luchas que vienen” y que “ninguno de los acusados injustamente debe acudir a La Paz, siendo la jurisdicción natural el departamento de Santa Cruz”.
Reiteraron que el paro de 36 días fue pacífico, pese a las evidencias presentadas por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Casa de la Mujer, la Central Obrera Departamental, la Federación Única de Campesinos y otras organizaciones.
Los denunciantes demandaron también que los acusados sean procesados por “traición a la patria” debido a que manifestaron la intención separatista de Santa Cruz.
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