Los ataques se produjeron el 29 y 30 de noviembre en las localidades de Kishishe y Bambo, que pertenecen al territorio de Rutshuru y a la provincia de Kivu del Norte.
En un comunicado del Servicio de Acción Exterior, la UE exigió se realice una investigación exhaustiva para que se puedan llevar ante la justicia a los autores de esos crímenes.
Por su parte, las autoridades congolesas cifran las muertes de civiles en más de 300 y afirman que el M23 está apoyado por el gobierno de Ruanda, su vecino del norte, y sus acciones tratan de crear una zona anárquica en el este del país para apropiarse de los minerales de la zona.
En tanto, el gobierno ruandés desmiente la acusación y retó a Kinshasa a presentar pruebas de sus alegaciones.
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