En un comunicado de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), se precisó que en la misiva suscrita en La Habana (Cuba), el movimiento obrero de América Latina y el Caribe manifestó su preocupación al conocer la sentencia de 60 meses de prisión a siete dirigentes sindicales, por supuestas irregularidades en el manejo del seguro educativo.
En el texto la FSM indicó que se conoce que en auditoría realizada en el istmo por la Contraloría General de la República se dictaminó que no existía mal uso de esos recursos, administrados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
En ese sentido, la organización internacional- que agrupa a 105 millones de afiliados en 133 países- pidió a las autoridades panameñas su intervención para que se restituya la justicia, dejando sin efecto dicho proceso.
El pasado 1 de diciembre también el Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (Conato) de Panamá denunció las arbitrariedades contra varios de sus líderes.
Ese colectivo integrado por la CNTP, Convergencia Sindical y la Federación Auténtica de Trabajadores, entre otras agrupaciones, rechazó el fallo de un juzgado y recordó que los hechos investigados ocurrieron entre el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de julio de 2009.
Además añadió que los auditores de la Contraloría, en su informe final, concluyeron que los fondos del 5,0 por ciento del Seguro Educativo “se manejaron conforme a las Leyes, Reglamentos y Normativas existentes”.
La inexistencia de lesión patrimonial en perjuicio de los fondos públicos hace imposible considerar un delito de peculado contra la Administración Pública, de lo que acusan ahora a los sindicalistas.
Incluso se señaló que el Juzgado Décimo de Circuito sobreseyó a los dirigentes en 2011 y 2019 y el Consejo de Gabinete, en 2014, ordenó desistir de toda querella legal promovida por el Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, un apresurado informe de la Fiscalía, publicado al mismo tiempo que la sentencia, confirma la parcialidad de esa institución y la manera de tergiversar la verdad de los hechos, según el texto.
La sentencia condenatoria, dictada después de 10 años de estar siendo procesados los dirigentes, surgió sin considerar que está pendiente un fallo de Amparo de Garantías Constitucionales contra la actuación de la jueza Liquidadora, en el que se discute si la acción penal esta prescrita o no.
Esa sola circunstancia, agregó Conato, desaconsejaba una decisión hasta tanto se resolviera un principio de defensa al derecho humano de ser juzgado conforme al procedimiento legal.
Para las centrales obreras, la satanización desatada contra el movimiento sindical recuerda el mandato del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), cuando no se disimulaba la politización de la justicia penal y la presión, a sangre y fuego, contra cualquiera que se opusiera a sus planes.
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