De acuerdo con la presidenta de la CSJ, María Eugenia López, la medida- a prueba desde finales de 2021 con 100 reos- se adoptó de conjunto con el Ministerio de Gobierno y también incluirá a reclusos que se pueden liberar porque se encuentran en la fase final del cumplimiento de sus condenas.
Los brazaletes electrónicos también se aplicarán a las mujeres condenadas que estén embarazadas o que sean madres lactantes, y a los presos que gocen de la medida de libertad vigilada.
La implementación de esta herramienta también se utilizará en los casos de violencia doméstica, en los que se requiera mantener un monitoreo de los agresores a quienes se les dictan medidas de alejamiento de las víctimas.
López adelantó que está en marcha, además, un plan de contingencia para acelerar los procesos en fases de audiencias de garantías y de juicio oral, en las instalaciones penitenciarias, cuya capacidad está excedida.
En un reciente informe, la Defensoría del Pueblo denunció que el Estado panameño vulnera los derechos humanos debido principalmente al hacinamiento en los centros carcelarios, ya que hay 21 mil 308 privados de libertad en un sistema con capacidad para acoger a 14 mil 591.
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