Un análisis del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado concluyó que de más de cinco mil denuncias de abuso sexual realizadas contra los trabajadores de la BOP, 134 fueron corroboradas por indagaciones internas o por procesos penales.
No obstante, múltiples empleados de esa entidad que admitieron en declaraciones juradas haber agredido a las prisioneras evitaron el enjuiciamiento penal, e incluso a varios se les permitió jubilarse con beneficios, según refirió el diario The Hill.
“Nuestros hallazgos son profundamente inquietantes y demuestran que la BOP está fallando sistemáticamente en prevenir, detectar y abordar el abuso sexual de prisioneros por parte de su propio personal”, dijo el senador Jon Ossoff, presidente de la subcomisión.
Entre las listas de agencias citadas en el informe, se menciona específicamente a la Institución Correccional Federal en Dublin, California, donde el exalcaide y el capellán abusaron sexualmente de las prisioneras.
La instalación se hizo conocida como el “club de violación”, y su director fue declarado culpable de ocho cargos de abuso sexual de mujeres encarceladas, a las que obligaba a posar desnudas, acorde con un reporte de Los Angeles Times de la semana pasada.
Aquellas que testificaron por los hechos enfatizaron que no se sentían seguras al denunciar la agresión a los funcionarios pues, cuando lo hacían, la represalia no se hacía esperar.
Según Brenda Smith, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, los hallazgos del informe y los testimonios de las víctimas indican que el problema es sistémico.
“Lo que queda claro de estos incidentes es que el personal tenía acceso ilimitado e ininterrumpido a las mujeres. Abusaron con impunidad y a su antojo. Abusaron de mujeres en sus oficinas, en cuartos fuera de la vista de las cámaras y en connivencia con otro personal”, afirmó citada por el medio noticioso.
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