La presidenta Dina Boluarte declaró que su gobierno evalúa la opción de decretar la extrema medida, mientras el ministro de Defensa, Alberto Otárola, en una visita a la región sureña, uno de los focos de mayores protestas, señaló que se declarará estado de emergencia en ese territorio.
Bajo el estado de emergencia rige la suspensión de derechos individuales como la libertad de tránsito, la inviolabilidad domiciliaria y el derecho a no ser detenido sin la orden de un juez, entre otras medidas.
Sobre las acciones en casos de protestas violentas, Boluarte dijo que no deben ser más extremas y que confía en que la población entenderá sus llamados al diálogo y la situación se calmará.
Aseguró que dio indicaciones de que la Policía no use armas de fuego contra los manifestantes, ni siquiera las llamadas no letales, es decir las escopetas de perdigones que, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, son cargadas con canicas de vidrio que pueden causar la muerte.
“He dado las instrucciones necesarias al ministro del Interior para individualizar a las personas que hayan hecho uso de estas armas que están dañando a nuestras hermanas y a nuestros hermanos” para someterlos a la justicia, agregó.
Igualmente ha ordenado, afirmó, que la Policía ubique a quienes incitan a la violencia y sostuvo que todos tienen derecho a protestar, pero no al vandalismo.
Anunció que desplegará cinco mil agentes en el centro histórico de Lima, escenario de protestas diarias en las cuales hubo ataques a pedradas a edificios públicos y hoy la plaza San Martín, punto de concentración de las marchas fue ocupada por cientos de policías.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo aclaró que los muertos en los últimos dos días en las regiones sureñas de Apurímac y Arequipa son seis y no siete, como informó anoche.
Durante la presente jornada, nuevos incidentes se registraron en esas regiones y en la ciudad arequipeña de Camaná fueron atacadas las sedes del Ministerio Público.
En la ciudad centroandina de Huancavelica, incendiaron las oficinas de la Dirección Regional de Transportes y un local del Poder Judicial y en la surandina de Cuzco, manifestantes ocuparon una planta de tratamiento de gas.
De otro lado, la Superintendencia de Transportes reportó 59 puntos de bloqueos de carreteras, que se extienden a nuevas regiones, y en la surandina región de Puno, los cierres viales interrumpieron el tránsito fronterizo con Bolivia y Chile, respectivamente.
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