La acción resultó impulsada por la Coalición Brasil de la Esperanza, que compone la fórmula de Lula y el vicepresidente electo Geraldo Alckmin.
También en la demanda se acusa al candidato a vice Walter Braga Netto, los hijos del gobernante de tendencia ultraderechista, Flávio Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli y Bia Kicis, el senador Magno Malta y los diputados federales Nikolas Ferreira y Gustavo Gayer.
«La conducta descrita en la petición inicial se refiere, en síntesis, al desarrollo de un proyecto de poder político-electoral basado en la desacreditación del sistema electoral e incluso de las instituciones democráticas», indicó el juez del TSE Benedito Gonçalves, quien abrió la causa para analizar las alegaciones.
Apuntó que, al menos desde el período post-elecciones en 2018, y con una intensificación creciente a lo largo de 2022, los investigados se empeñaron en difundir noticias falsas acerca del funcionamiento de la urna electrónica y ataques al Supremo Tribunal Federal y al TSE, con el objetivo de socavar la confianza del electorado.
«Las imputaciones implican también el desvío de finalidad en el ejercicio de las funciones del presidente de la República y de cargos parlamentarios», recalcó.
Formarán parte del proceso los actos y declaraciones anteriores y posteriores al período electoral.
La coalición alega que el grupo tiene como objetivo instaurar un «proyecto de poder totalitario y autocrático a partir de la corrosión de la matriz existencial de la democracia brasileña».
Asimismo, la acción apunta a que el presidente se valió de su cargo para lograr desacreditar el sistema electoral, al utilizar hechos y documentos que tendría acceso en función de su puesto, además de hacer uso de instituciones públicas como la Policía Federal de Carreteras e interferir en el progreso de las votaciones.
«El único beneficiario de ese escenario de inseguridad y pánico instaurado en la sociedad brasileña es el propio Jair Messias Bolsonaro que, ahora, tiene una falsa legitimidad para cuestionar el resultado de las elecciones generales», recalcó la alianza progresista.
Ante las denuncias, el excapitán del Ejército tiene cinco días para presentar su defensa.
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