Esa solicitud la hizo el fiscal supremo, Uriel Terán, quien extendió el pedido para el ex primer ministro Aníbal Torres, quien se declaró víctima de oersecución judicial y anunció su ingreso a la clandestinidad.
La medida fue planteada cuando el país vive una ola de protestas contra el nuevo Gobierno de la hasta hace una semana vicepresidenta Dina Boluarte, por la convocatoria a nuevas elecciones generales, una asamblea constituyente y la libertad de Castillo.
Castillo había pedido, mediante un mensaje a la población, que se congregue ante la prisión que lo aloja, parte de un cuartel de tropas de élite de la Policía, para celebrar su libertad, que estaba seguro de recuperar por cumplirse hoy su detención preliminar sin que, hasta ayer, la Fiscalía pidiera la prisión preventiva.
Sin embargo, la Fiscalía solicitó al juez supremo de Investigación Preparatoria, Jun Carlos Checkley, que el exmandatario continúe en custodia hasta que se realice la audiencia sobre prisión preventiva y el magistrado decida sobre la misma.
Previamente, el lunes último el Parlamento, bajo mayoría adversa a Castillo, eliminó el requisito de antejuicio al expresidente y allanó el camino a la prisión preventiva, con lo cual quedó privado de la inmunidad que no se aplicó para su captura por una interpretación según la cual cometió delito flagrante que ameritaba la medida.
Según la solicitud del fiscal, Castillo cometió el delito de rebelión porque ordenó a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se alzaran en armas contra el orden constitucional, aunque sus abogados argumentan que no hizo uso de las armas ni realizó acción violenta alguna.
El pedido de prisión preventiva añade que el exgobernante, en un mensaje por televisión, anunció, además, el 7 de diciembre la reestructuración del Poder Judicial , el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público.
Lo hizo horas antes de que el Congreso de la República votara una moción de vacancia (destitución) en su contra que, según proyecciones casi unánimes, no contaba con los votos necesarios para aprobarse, por lo que se preveía que Castillo iba a salir fortalecido.
Según la Fiscalía, Castillo actuó con “plena conciencia de la ilicitud de su decisión” al anunciar esas medidas.
La Fiscalía acusa también como coautores a la ex primera ministra Betssy Chávez y a los extitulares de Comercio Exterior, Roberto Sánchez; y del Interior, Willy Huerta, contra quienes presentó una acusación constitucional para privarlos de su inmunidad, procedimiento que debió seguir contra Castillo, según quienes cuestionan la detención por flagrancia.
La subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento dio curso a la petición e inició el procedimiento, cuya primera etapa prevé un plazo de 15 días no feriados para que un miembro del grupo investigue el caso y formule un dictamen.
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