El titular del TSE, Alexandre de Moraes, impuso la punición al considerar que el PL incumplió una determinación judicial y lo condenó por «litigación de mala fe».
Alegó que esa organización política no presentó ningún indicio ni prueba que justifique su solicitud de que se realice una verificación extraordinaria en las máquinas de votación utilizadas en la segunda vuelta de sufragio del 30 de octubre.
El 22 de noviembre, el pacto llamado Por el bien de Brasil, que apoyó a Bolsonaro, presentó una demanda para una comprobación extraordinaria de las urnas del segundo turno, al alegar que los modelos anteriores a 2020 supuestamente no serían identificables de manera individual, lo cual caracterizaría el mal funcionamiento de los equipos.
De Moraes determinó el mismo día que la alianza incluyera en la solicitud inicial, en el plazo de 24 horas, un pedido para que la verificación cubriera también la primera ronda de referendo del 2 de octubre, bajo pena de desestimación de la petición. Esta adición no se ha cumplido.
El juez aplicó la multa de 22,9 millones de reales (unos cuatro millones 400 mil dólares) el 23 de noviembre y dos días después eximió del castigo a los partidos Progresistas y Republicanos, que integraron la unión.
Ambas organizaciones políticas, en declaración conjunta, afirmaron que reconocieron el resultado, la validez del pleito de 2022 y la victoria en urnas de Luiz Inácio Lula da Silva, abanderado de la coalición Brasil de la Esperanza.
Todos los organismos internacionales y nacionales que acompañaron las dos jornadas de justas comiciales certificaron que el sistema es seguro.
Fueron más de 120 observadores internacionales miembros de la Unión Interamericana de Organismos Electorales; la Red de los Órganos Jurisdiccionales y de Administración Electoral de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa; el Parlamento del Mercosur (Parlasul); el Institute for Democracy and Electoral Assistance (Idea Internacional); el Carter Center, entre otros.
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