La Fiscalía de la provincia de Caravelí de la región sureña de Arequipa confirmó lo sucedido y el Centro de Salud de Chala precisó que el occiso, un varón adulto no identificado, llegó cadáver a la unidad asistencial, víctima de impactos de proyectiles de arma de fuego.
El Ministerio de Salud informó el fin de semana último que tenía registrados 25 muertes durante las protestas contra el nuevo gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el 7 de diciembre en reemplazo del destituido Pedro Castillo.
Según diversas versiones periodísticas, el bloqueo de Chala impedía el paso de entre mil 500 y tres mil vehículos, en su gran mayoría camiones de carga y autobuses.
El cierre vial comenzó el 10 de diciembre, en Chala a cargo de miles de mineros informales que operan en la zona, los cuales aseguraron que reanudarán la medida de protesta, que demanda la renuncia de Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones.
Casi al mismo tiempo de la operación de desbloqueo, el ministro del Interior, César Cervantes, aseguró en Lima que los cierres de vías se habían reducido a 30, sobre todo en el sur del país.
El Gobierno informó que envió a la provincia de Caravelí a los ministros de Energía y Minas, de Trabajo y de Transportes y Comunicaciones a dialogar con los mineros informales en busca de acuerdos sobre reclamos relacionados con la actividad que realizan.
Entretanto, en la ciudad centroandina de Huancayo, el cardenal católico Pedro Barreto encabezó una marcha por el cese de la violencia y por la paz y señaló que esta es obra de la justicia y añadió que esta debe investigar y sancionar las muertes y a los responsables de haber enlutado a las familias.
Para el historiador Nelson Manrique, la presidenta Boluarte “se ha convertido en culpable de violación masiva de los Derechos Humanos y tendrá que responder ante la justicia” y entonces descubrirá que quienes la utilizaron para legalizar la represión no tienen el menor interés en lo que pasará con ella.
El analista Santiago Pedraglio señaló que las protestas contra la nueva jefa de Estado no sorprendieron a nadie, porque más de 80 por ciento de la población, según diversas encuestas, planteaban que, si cayera Castillo, se convoque a elecciones de nuevos presidentes y congresistas.
“A pesar de las evidencias, los gobernantes partieron por descalificar las movilizaciones apelando a la narrativa del ‘terrorismo’ (para deslegitimar las protestas), en lugar de ayudar a crear espacios de diálogo”, lo que encendió los ánimos y aumentó la violencia.
“Al margen del vandalismo, que es imprescindible condenar, es evidente que la mayoría de peruanos que protestan exigen ser considerados como ciudadanos con derechos: su opinión importa y lo cierto es que casi únicamente se pueden hacer escuchar movilizándose”, añadió refutando afirmaciones oficiales que hablan de “azuzadores” como responsables de las protestas.
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