La visita de tres días se relaciona con las preocupaciones de amplios sectores por 26 muertes registradas durante la ola de protestas sociales y los hechos de violencia desatados tras la destitución, el 7 de diciembre, de Pedro Castillo, por anunciar la disolución del Parlamento opositor y otras medidas.
La Cancillería calificó como “visita técnica” la presencia de los miembros de la comisión e informó que coordina la agenda con la citada comisión y los sectores involucrados.
La visita fue anunciada tras expresar la CIDDHH su condena a los hechos de violencia en Perú y llamar al gobierno a propiciar un diálogo “amplio e inclusivo, con perspectiva intercultural”.
Como preludio de la visita, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hizo pública una declaración “frente al proceder violento y violatorio de los derechos humanos por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas” y la posiciones de autoridades civiles y militares al respecto
La Coordinadora exigió que el Estado garantice los derechos de todos los peruanos y rechaza los intentos -políticos y mediáticos- de “equiparar a manifestantes con grupos violentos, para justificar la pérdida, hasta ahora, de vidas humanas”, así como los intentos de minimizar las protestas.
“Deploramos que hasta ahora el Estado peruano no haya dado una explicación sobre la investigación de las muertes de manifestantes, causadas por las fuerzas del orden”, señaló la Coordinadora que integran 78 organismos de todo el país dedicadas al tema.
Demandó también el levantamiento del Estado de Emergencia y la plena restitución de las garantías individuales suspendidas, como los derechos de reunión y libre tránsito y a la libertad.
“No se puede retornar a la metodología autoritaria de la violación sistemática de los derechos humanos y el ‘terruqueo’ (versión local del anticomunismo extremo) a las organizaciones sociales y políticas”, advirtió.
Rechazó también el allanamiento a locales sindicales y partidarios y señaló que la ciudadanía tiene pleno derecho a organizarse, representarse y no ser estigmatizada ni criminalizada por sus ideas, ni violentada en sus derechos.
Sobre la exigencia de nuevos comicios, la CNDDHH plantea que el Congreso, de mayoría derechista, deje las triquiñuelas y acuerde el adelanto de elecciones generales para el año 2023, como demanda el 86 por ciento de la población, según las encuestas.
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