Con esta ley lograremos que haya más inversiones y mejores condiciones para el Gobierno y para el sector privado, dentro de un marco de seguridad jurídica para los compradores internacionales de títulos de deuda, afirmó Chaves al anunciar la rubrica de esa norma en conferencia de prensa posterior al habitual Consejo de Gobierno de los miércoles.
Precisó que esa nueva legislación busca mecanismos ágiles para la inversión y espera que con esta nueva ventana de oportunidad para los inversionistas extranjeros aumente su participación en el mediano plazo, para que disminuyan las tasas de interés en el mercado local y se amplíen los plazos de inversión.
De acuerdo con el texto, la ley reforma tres aspectos, el primero referido al tratamiento tributario, para evitar la doble imposición del 15 por ciento sobre intereses de los valores y el 15 por ciento de remesas al exterior.
Asimismo, establece una modificación a la Ley 8131 para clarificar el término de deuda pública interna y la adición de dos artículos al Título VII de compensación, liquidación y custodia de valores de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.
La adición de uno de ellos persigue brindar mayor seguridad jurídica y regular los procesos de liquidación transfronteriza de operaciones con valores de deuda pública, definiendo reglas claras para las transacciones que utilizan medios internacionales de pago de los inversionistas no domiciliados. El otro artículo añadido «establece, en materia legal, los requisitos para que las entidades de custodia locales pueden prestar el servicio de subcustodia a custodios extranjeros o infraestructuras de mercados financieros».
Para el titular de Hacienda esta nueva ley mejorará el perfil de la deuda al extender los plazos de vencimiento y la base de inversionistas, al tiempo que esperan optimizar el costo de financiamiento, al fortalecer el proceso de asignación y al alcanzar una mejor formación de precios de instrumentos financieros.
En resumen, es una iniciativa que permitirá modernizar y eliminar los obstáculos a la participación de inversores no residentes en el mercado de deuda pública local.
Entre los beneficios aparecen seguridad jurídica, ampliar la base de inversionistas, alargamiento del plazo del vencimiento de la deuda, mejora en el costo de financiamiento, nuevos mecanismos de colocación, así como profundización de la liquidez, tanto del mercado primario como del mercado secundario.
Su objetivo es fijar reglas más claras para los inversionistas y mejorar la colocación de los títulos valores de deuda pública interna emitidos por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central.
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