El defensor, Wilfredo Robles, cuestionó la legalidad de la decisión del juez supremo Juan carlos Checkley, de encarcelarlo mientras es investigado por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Los cargos están relacionados con el intento del 7 de diciembre, de disolver el Parlamento y reorganizar los órganos del sistema de justicia, entre otras medidas desacatadas por las Fuerzas Armadas y la Policía, por lo que no se hicieron efectivas y Castillo fue desituido por el Congreso de mayoría opositora y detenido.
El abogado Robles argumentó que Checkley cometió una equivocación al no verificar que se hubiera cumplido el procedimiento de levantamiento de la inmunidad de su cliente, lo cual requería de un proceso que se inicia con una acusación constitucional.
“El juez abdicó de su obligación de hacer un control de constitucionalidad y cumplió, cual encargo, con una consigna política: ¡Todos contra Pedro Castillo!, pisoteando la garantía de un debido proceso y convirtiendo el procedimiento de la prisión preventiva en una pantomima, en un acto de venganza política”, señaló el letrado.
Imputó también a la Fiscalía una actuación inconstitucional e ilegal al iniciar la investigación preparatoria a Castillo y pedir la prisión preventiva.
El defensor alegó igualmente que lo imputado a Castillo no reúne las características de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, pues el primer cargo, del que derivan los otros, solo se comete mediante el levantamiento en armas.
La Fiscalía alega que, al ordenar a las Fuerzas Armadas y Policía que lo secunden, las llamó a levantarse en armas, lo cual no pasa de ser una interpretación forzada.
“A mi defendido lo incriminan pese a la ausencia del elemento objetivo del ‘levantamiento de armas’, simplemente para cumplir una consigna política de sus adversarios y así someterlo a una prisión arbitraria, todo el tiempo que les sea posible”, afirmó el abogado en su apelación.
De otro lado, una avanzada técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que prepara la visita de este grupo, visitó al expresidente Castillo en la prisión para altos funcionarios en la que cumple la prisión preventiva y verificó las condiciones de su encierro.
Los visitantes recibieron además a familiares del exgobernante preso, entre los cuales su sobrina Vilma Vásquez dijo que la salud de Castillo es delicada y le preocupa y afirmó que sus parientes son objeto de maltrato, acoso y otras injusticias.
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