Boluarte -quien basa la legalidad de su ascenso a la jefatura del Estado- en el hecho de que fue elegida como vicepresidenta de Castillo, cesó por decreto publicado en el diario oficial a los subprefectos de 312 distritos de 23 de las 26 regiones que integran administrativamente al país.
La medida se suma al cese, decretado el 15 de diciembre último, de 24 de los 26 prefectos de regiones, en lo que el diario La República llama “proceso de desmontaje de la red de autoridades políticas” nombradas por Castillo, destituido y encarcelado el 7 de diciembre último por intentar la disolución del Parlamento opositor.
La mayoría de los subprefectos despedidos hoy corresponden a las regiones de Ayacucho (46) -escenario de las más fuertes protestas contra el cambio de presidente-, San Martín (34), Junín (33), Puno (31) y Cajamarca (19), territorios en los que Castillo obtuvo masiva votación en los comicios que ganó en 2021.
La oposición a Castillo, mayoritaria en el Congreso, cuestionaba la afinidad política -usual en todos los gobiernos- entre los prefectos y subprefectos y el gobierno de Castillo.
Una campaña política y mediática contra esas autoridades incluyó la acusación de que entre ellos había presuntos integrantes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), integrado por exintegrantes del grupo armado Sendero Luminoso.
Semanas antes de la caída del hoy exgobernante preso, entre los legisladores de oposición surgió la idea de eliminar los cargos de prefecto y subprefecto bajo el supuesto que duplicaban funciones con otras instancias estatales.
Entretanto, el Poder Judicial aceptó analizar la apelación presentada por la defensa el expresidente Castillo, contra la decisión de imponerle una prisión preventiva por 18 meses, mientras es investigado por rebelión y conspiración, entre otros cargos, por haber intentado el golpe contra el Parlamento adverso.
La apelación plantea que la prisión preventiva sea reemplazada por la libertad con comparecencia, una especie de libertad condicional, mientras se desarrollan las investigaciones.
La defensa de Castillo cuestiona el cargo de rebelión y conspiración para la rebelión, por cuanto Castillo no se alzó en armas y alega también que Castillo fue detenido y destituido ilegalmente.
Ese alegato señala que no se cumplió el procedimiento de despojo de la inmunidad presidencial requerido para destituir y apresar a Castillo, aunque la Fiscalía sostiene que, al intentar un golpe de Estado, incurrió en delito flagrante contra la constitución, criterio que ponen en duda también juristas independientes.
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