De acuerdo con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la medida de austeridad ordenada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en julio último para generar ahorro ante el creciente gasto público, apenas marcha al 5,0 por ciento de cumplimiento.
El tema fue uno de los reclamos de las manifestaciones de organizaciones sociales y populares, que a mediados de este año paralizaron al país centroamericano.
Al respecto, el director de Presupuesto de la Nación, Carlos González, explicó que la dinámica que inicialmente se adoptó fue la liberación de posiciones por renuncia(retiro voluntario), destituciones o jubilaciones, plazas vacantes que luego no eran habilitadas.
La excepción en la regla fueron los puestos asociados a jefaturas o a los servicios de salud, educación y seguridad que, de hecho, están respaldados por leyes especiales, donde se registró el mayor movimiento.
El Ejecutivo esperaba a finales de este año, cumplir, por lo menos con 10 por ciento de reducción en las nóminas y llegar a la meta de 20 por ciento en el primer trimestre de 2023.
Estadísticas oficiales señalan que en 2019 el número de empleados del sector público era de 242 mil 374, pero en diciembre de 2021 la cifra se elevó a 2021a 268 mil 838 y hasta mediados de este año, contabilizaban 256 mil 569 funcionarios.
Si en 2019 los desembolsos anuales por salarios a empleados públicos era de 363.6 millones de dólares, el pasado año se elevó a 411.9, y a junio pasado la plantilla trajo gastos por sueldos en el orden de los 409.7 millones de dólares.
Hace un mes un informe de la Contraloría indicaba que desde julio de 2019- cuando se inició la administración Cortizo- a igual mes de este año, nombraron unos 16 mil 936 funcionarios y los desembolsos mensuales en sueldos aumentó en 62,5 millones de dólares.
El estudio precisó que entre las instituciones con mayor crecimiento de sus plantillas sobresalían los ministerios de Educación, Salud y Seguridad, la Contraloría, el Órgano Judicial, la Asamblea Nacional y la Caja de Seguro Social , entre otros.
Analistas como Rene Quevedo estiman que la situación apunta a que el tamaño de la plantilla estatal debe analizarse en el contexto de la creciente precarización y estatización del empleo en la economía.
El saldo de la deuda pública se ubicó al 31 de agosto de 2022 en 43 mil 83 millones de dólares, monto que representa 63 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nominal, que para este año se calcula en 68 mil 243 millones.
Ese porcentaje de la deuda sobre el PIB es superior a la meta de 40 por ciento aprobada en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
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