“En lo económico, el país se destaca por tener datos muy importantes, que no lo dice solo el Gobierno, sino los organismos internacionales, y, sin duda, el Censo llamó la atención de varios sectores y actores políticos, afirmó Ruiz.
En esta coyuntura las autoridades gubernamentales ratificaron su apertura a hacer un Censo incluyente, participativo como nunca en la historia, añadió.
Aseguró que, por primera vez, un Gobierno tuvo una gran apertura para construir de forma conjunta el Censo de Población y Vivienda en coordinación con diferentes estructuras gubernamentales, departamentales, municipales y de autonomías indígenas.
Resaltó el Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso que se realizó en Cochabamba el 28 de octubre y el trabajo de la Comisión Técnica que, durante más de 50 horas de trabajo, en noviembre, propuso elaborar la encuesta nacional entre los meses de marzo y abril de 2024.
A partir de esa sugerencia el presidente, Luis Arce, fijó para el 23 de marzo de 2024 la realización del Censo de Población y Vivienda.
Lamentó Ruiz que la dirigencia del Comité Interinstitucional de Santa Cruz politizó el proceso censal y exigió que este trabajo se realice en 2023 sin ningún argumento técnico.
Atribuyó esa pretensión de representantes políticos de los grupos de poder cruceños al objetivo de buscar un protagonismo para desestabilizar al Gobierno nacional.
“Dijeron en su momento que tenían una propuesta para realizar esa pesquisa en 2023, pero nunca la pudieron demostrar. Eran muy hábiles en los medios de comunicación para decir que tenían la propuesta, pero nunca lo han podido demostrar, tanto así que lo reconocieron”, observó.
Significó el viceministro que, tras 36 días de paro con la exigencia de “censo 2023 sí o sí”, el gobernador, Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno, Vicente Cuellar, admitieron que no era sostenible realizar la encuesta el próximo año, como prometieron a sus seguidores.
Al final suspendieron la medida tras aceptar la propuesta gubernamental, que además ofreció distribuir los ingresos por coparticipación en setiembre de 2024 y garantizar los resultados para la distribución de escaños legislativos para el próximo proceso electoral.
Esos compromisos quedaron ratificados en la Ley 1492.
“Como nunca estamos haciendo un Censo incluyente, participativo para que exista esa certidumbre y garantizar los resultados que permitan dar la tranquilidad a la población”, reiteró Ruiz.
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