“Estaremos en vigilia frente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen hasta que el Ministerio Público cumpla con el reclamo de justicia» para que Camacho no pueda escapar”, aseguró Aldo Michel, abogado del Comité Impulsor de la Justicia.
Añadió el letrado que se trata de un momento de inflexión de la justicia en Bolivia pues trascurrieron 17 meses desde que el gobernador debió declarar en el expediente Golpe de Estado I, pero hasta ahora gozó de la impunidad y esto propició que cometiera otros delitos.
En este caso, Camacho es investigado como el principal impulsor del derrocamiento del Gobierno constitucional del expresidente Evo Morales y sus consecuencias como las masacres de Sacaba y Senkata, con cerca de 40 muertes, cientos de heridos y numerosas violaciones de los derechos humanos.
Figuran entre las evidencias que obran contra él su propia confesión en un video transmitido por los canales nacionales de televisión, en el que relata cómo a través de su padre conspiró con jefes policiales y militares para llevar a cabo ese acto anticonstitucional.
Michel explicó que la impunidad de la cual se benefició Camacho hasta la víspera propició que incurriera en otros delitos como actos de discriminación, muertes durante el último paro con bloqueos de 36 días y daño económico al país superior a los mil millones de dólares. Agregó, incluso, que será necesario investigar su responsabilidad en los desmanes cometidos este miércoles por la Unión Juvenil Cruceñista después de su aprehensión, incluidos el incendio de la Fiscalía de Santa Cruz, el ataque al Comando de la Policía de Santa Cruz y contra los aeropuertos de ese departamento.
La Fiscalía General, en tanto, aclaró este miércoles en un comunicado que Camacho fue detenido en el marco de una orden emitida por la Fiscalía Departamental de La Paz y descartó que se trate de un secuestro, como denunciaron sectores de la oposición.
“Por el contrario, fue emitida (la orden de aprehensión) en octubre de la presente gestión y cuenta con control jurisdiccional del Juez Décimo de Instrucción en lo Penal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz”, explica el documento entregado a la prensa.
Informó el Ministerio Público que “Camacho tiene pleno conocimiento de dicho proceso desde su inicio, en fecha 28 de noviembre de 2020, conforme dispone el ordenamiento jurídico boliviano”, en referencia al expediente Golpe de Estado I.
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