“La GIEI va a venir al país a finales de enero, vamos a hacer una evaluación de todos los avances; están llegando dos comisionados”, informó este viernes el titular en conferencia de prensa.
Aseguró Lima que esos expertos acompañarán la labor que se desarrolla en las mesas de trabajo de su cartera con las víctimas, familiares y otros afectados.
Calificó de “significativos” los avances en esa dirección en el transcurso de estos años en cuanto al resarcimiento y de ayuda humanitaria para las víctimas, sin embargo, reconoció que aún queda pendiente el inicio del juicio penal por las masacres de Senkata (en El Alto) y Sacaba (en Cochabamba).
En esos lugares como resultado de la represión policial y militar del gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020) contra quienes reclamaban el restablecimiento del orden constitucional, tras el derrocamiento del gobierno del expresidente Evo Morales, murieron 38 personas y cientos resultaron heridos.
Un informe final del GIEI acerca de la vulneración de los derechos humanos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, estableció 36 recomendaciones para el Estado Plurinacional, la sociedad civil boliviana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entre ellas se indica investigar “de manera seria, efectiva, exhaustiva, diligente, con pleno respeto del debido proceso y de los derechos de las víctimas y de las personas imputadas y procesadas, juzgar y, en su caso, aplicar sanciones a los responsables de los hechos documentados en ese informe y otros similares.
El GIEI identificó como fuerzas paramilitares a la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala, tropas de choque al servicio de quienes ejecutaron el golpe de Estado en noviembre de 2019.
Al respecto, el 17 de agosto de 2021 el presidente Luis Arce instruyó desestructurar todas esas organizaciones violentas.
Sin embargo, pocos avances se observan al menos en el caso del grupo extremista cruceño, de acuerdo con los resultados del paro con bloqueos de 36 días llevado a cabo en octubre y noviembre del año en curso con la exigencia de “censo de población 2023 sí o sí”.
Como saldo de esa violencia se registraron cuatro muertes, cientos de heridos, una denuncia de violación grupal a una mujer en un punto de bloqueo, incendios de instituciones públicas, miles de afectaciones a los derechos humanos de la población y pérdidas económicas por mil 200 millones de dólares.
Una agresividad similar mantiene en tensión a Santa Cruz desde el miércoles último tras la aprehensión e imputación judicial del gobernador, Luis Fernando Camacho.
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