De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Comercio e Industria (MICI), se emitieron dos resoluciones que se contraponen a los procedimientos iniciados por la firma Morgan & Morgan, que representa a la mina de cobre mayor de la región.
Dichas resoluciones constituyen los pasos a seguir en el proceso legal para poner a esa entidad en estado de cuido y mantenimiento, toda vez que no se han resuelto las diferencias contractuales planteadas por el Ejecutivo.
El documento precisa que, a solicitud de Minera Panamá, las autoridades gubernamentales actuaron de buena fe en reuniones donde también estuvo Tristán Pascall, CEO de FQM.
El MICI agregó en su informe que el trabajo junto a expertos internacionales y asesores legales panameños está dirigido a ayudar a defender con firmeza los derechos de Panamá sobre sus recursos naturales.
También aseguró que el Gobierno está preparado para afrontar todos los potenciales escenarios legales que pudieran surgir y protegerá los derechos laborales de los trabajadores.
El pasado 19 de diciembre, el Ejecutivo ordenó a Minera Panamá elaborar un plan que contempla el cese de operaciones comerciales, en cumplimiento de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declaró inconstitucional el contrato ley de 1997.
La medida se adoptó casi un año después de haber aprobado un acuerdo preliminar con Minera Panamá, en enero de 2022, en el que se pactó un esquema de pago que garantizaba mayores aportes al Estado, en el orden de los 375 millones de dólares al año.
La empresa representa la mayor inversión privada en el país, tiene unos siete mil empleados y su actividad representa el 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto del istmo.
oda/ga
