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Grupo de Puebla critica desinformación sobre realidad de Bolivia

La Paz, 30 dic (Prensa Latina) El Grupo de Puebla deploró hoy en un comunicado la desinformación de sectores radicales de derecha acerca de la aprehensión e imputación en Bolivia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“Es importante señalar que, desde el mes de noviembre del año 2020, Luis Fernando Camacho Vaca fue convocado para rendir declaración por el caso Golpe de Estado I, que investiga los delitos de terrorismo y conspiración suscitados en el marco del golpe de Estado ocurrido en 2019”, expresa el documento.

Recuerda el texto que el gobernador cruceño cautelado desde este viernes por una orden judicial en la prisión de alta seguridad de Chonchocoro, encabezó violentas marchas y bloqueos y fue responsable entonces del amotinamiento de mandos militares y policiales.

De igual forma, la entidad que aglutina a líderes y lideresas progresistas de países iberolatinoamericanos expresó preocupación por los llamados a la desobediencia civil de grupos de poder cruceños que afectaron el miércoles último las operaciones de los aeropuertos de Viru Viru y El Trompillo, y desembocaron en el incendio de varias instituciones públicas.

Reiteró el grupo de Puebla su apoyo a la protesta social como forma legítima de contestación democrática, siempre que esta se realice de manera pacífica y con respeto a las leyes, “precisamente lo que no hizo Camacho Vaca con su comportamiento golpista”.

Aprehendido el 28 de diciembre, Camacho fue cautelado la madrugada de este viernes por el juez Octavo de Instrucción en lo Penal Cautelar del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Sergio Pacheco, quien ordenó su reclusión preventiva por cuatro meses.

El extitular del Comité Cívico cruceño es procesado en la causa Golpe de Estado I por las movilizaciones de octubre y noviembre de 2019, y porque según su confesión pública en un video, su padre, José Luis Camacho Parada, “cerró” con policías y militares para que facilitaran la ruptura del orden constitucional y el acceso a la presidencia de la entonces senadora Jeanine Áñez.

Como resultado de esas ilícitas se impuso un gobierno de facto (2019-2020), cuya represión contra quienes protestaban en defensa del orden democrático originaron las masacres de Sacaba y Senkata, con saldo de 38 muertes, cientos de heridos y miles de violaciones de los derechos humanos.

oda/jpm

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