Las manifestaciones que paralizaron al país en julio pasado por el alto costo de la vida, sobre todo combustible, canasta básica familiar, medicinas, tarifa eléctrica y seguridad social, entre otros rubros, superaron a la convulsión que signó al istmo durante la invasión de Estados Unidos (1989), según analistas.
Los paros y cierres continuos de carreteras en varias provincias y la capital pusieron en vilo a la población y a los principales abastecimientos sobre todo de alimentos, medicamentos y carburantes, situación que obligó al Gobierno a establecer una mesa única de diálogo con la mediación de la Iglesia católica.
Una segunda fase de esas conversaciones todavía está pendiente, y es quizás uno de los mayores desafíos del 2023, un año nuevo en el que la Universidad de Panamá pudiera convertirse en el facilitador de esas pláticas.
En declaraciones a Prensa Latina, el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, explicó que con diálogo o sin este las luchas reivindicativas seguirán hasta alcanzar justicia social y mejor distribución de la riqueza que generan los trabajadores.
Por su parte, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marcos Andrade, apuntaba que el país no aguanta más tener a más de 200 mil desempleados, situación agravada por la crisis sanitaria debido a la Covid-19, que ahora pesa más que nunca sobre los hombros de los obreros.
A juicio de investigadores, hacia el año que antecederá a las elecciones generales, la actual situación de incertidumbre mientras la mayoría del pueblo espera respuestas concretas a sus necesidades, podría abocar en nuevas protestas callejeras en busca de transformaciones estructurales.
De acuerdo con informes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y recientes mediciones del Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP), el auge de la informalidad signa el mercado laboral.
Estudios oficiales señalan que este 2022 se sellaron mensualmente unos 20 mil contratos nuevos, superior a los 11 mil registrados en 2020 y los 18 mil de 2021, lo que refleja una recuperación del trabajo formal a nivel nacional.
Sin embargo, en su conjunto, la cifra hasta noviembre pasado sería inferior en 38 por ciento a los 352 mil 370 tramitados entre enero y noviembre de 2019, año previo a la enfermedad.
Por su parte el ICCP arrojó que el 98 por ciento de los encuestados dijo no tener empleo o ven difícil conseguirlo en los próximos 12 meses.
La percepción en noviembre último también continúa desalentada, ya que el 57 por ciento de los entrevistados considera que no tendrá empleo, el 41 por ciento piensa que es poco probable obtenerlo, mientras que apenas el 2,0 por ciento estima que es bastante probable que lo tenga.
Por su parte, representantes del sector bancario alertaron que se debería ver la amenaza que representa la permanencia de Panamá en las listas grises internacionales y la crisis de la seguridad social.
De acuerdo con el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Carlos Berguido, las perspectivas de los entes emisores van ligadas a la economía.
Es así que el derrumbe en un 17,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 arrastró a la banca, que ese año registró una caída del 45 por ciento de las utilidades y del 4,4 por ciento de la cartera crediticia.
Berguido y en general todas las autoridades del país aseguran que se ha hecho un esfuerzo tremendo para salir de la lista del Grupo de Acción Financiera (Gafi) y de la elaborada por la Unión Europea (UE), que señalan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales, el narcotráfico y la corrupción.
Para el experto, estar en esa lista inhibe y desalienta la inversión extranjera en un país inmerso en los mercados internacionales.
A ellos se suma la crisis financiera y estructural que atraviesa Caja de Seguro Social (CSS), cuya directiva alista una controversial propuesta al Ejecutivo que enfatiza en medidas paramétricas de aumento de la edad para jubilarse y elevadas cuotas, lo que podría ser el nuevo detonante para la próxima explosión popular.
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