Los delitos imputados fueron destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; asociación delictuosa, instigación pública a delinquir e impedir o estorbar el ejercicio de funciones, aseguró.
“Como Ministerio Público presentamos todas las pruebas colectadas en la investigación como declaraciones de testigos, imágenes de cámaras de seguridad, además que las 11 personas admitieron su culpa y se acogieron a un procedimiento abreviado, por lo que fueron sentenciados a tres años de cárcel”, afirmó Mariaca.
Los actos vandálicos ocurrieron el 28 de diciembre, cuando un grupo de 700 personas atacaron el Comando Departamental de la Policía, con piedras, escombros y petardos de alto poder y provocaron destrozos en la infraestructura, además lanzaron cocteles molotov (bombas caseras incendiarias), piedras y palos a los agentes policiales.
Esta tropa de choque de la Unión Juvenil Cruceñista impidió el tránsito de los vehículos patrulleros y de los bomberos, lo cual propició la incineración de la fiscalía departamental, la sede territorial de Impuestos Nacionales, sucursales del Banco estatal y parte de la casa del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño.
El Ministerio Público informó que los condenados cumplirán sanción en la prisión de Palmasola, en Santa Cruz.
Los actos vandálicos se desencadenaron después que el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, fue aprehendido, trasladado a La Paz e imputado por el delito de «terrorismo» como parte de las investigaciones del caso Golpe de Estado I.
En este expediente las pesquisas indagan la conspiración que allanó el acceso ilegal de Jeanine Áñez a la presidencia, la imposición de un gobierno de facto y los crímenes cometidos en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento del orden constitucional.
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