Esos eurodiputados pidieron que Borrel emita un llamado al respeto de las instituciones de la UE al estado de derecho en Bolivia y que rechace los actos vandálicos de los seguidores del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, desde su aprehensión el 28 de diciembre como parte de la investigación del caso Golpe de Estado I, por el delito de “terrorismo”.
Como parte de esta causa se indaga el complot de un grupo de operadores políticos que allanaron el acceso anticonstitucional de Jeanine Áñez a la presidencia, la imposición de un gobierno de facto (2019-2020) y las masacres originadas después en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento de la democracia.
Según confesiones de Camacho en un vídeo transmitido en la televisión nacional, a través de su padre, José Luis, él “amarró” con mandos policiales y militares el respaldo al derrocamiento del presidente constitucional Evo Morales en medio de las revueltas que originaron el régimen de facto.
“El señor Luis Fernando Camacho, además del caso Golpe de Estado I, tiene otras causas abiertas por la justicia boliviana por promover actos de violencia -los últimos en el pasado noviembre- que, lamentablemente, han generado muertes, enfrentamientos y la ruptura de la legalidad constitucional en 2019”, expresa la carta firmada por nueve eurodiputados.
Igualmente, recordaron a Borrel que la aprehensión de Camacho se hizo luego de que el exlíder cívico incumplió en varias ocasiones la obligación de presentarse a declarar por el caso investigado.
El texto denuncia que en el país altiplánico existen repetidos intentos de deslegitimar el estado de derecho, la democracia y el sistema judicial.
Los eurodiputados advirtieron que desde poco antes del arresto de Camacho y su detención preventiva en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento de La Paz, protagonizan “graves disturbios violentos”, entre los que se incluyen amenazas, persecuciones y ataques contra personas e instituciones públicas.
El Gobierno boliviano consideró este lunes “un acto de intromisión inaceptable” las declaraciones de los diputados Víctor González, de España, y Luis Fernando Sánchez, de Chile, sobre la situación interna del país, en las cuales increparon al comandante departamental de la Policía.
Ninguno de los dos representan a su gobierno, aclaró el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, cuyo despacho depende de la Cancillería, tras criticar que esas expresiones publicadas en medios periodísticos cruceños son “un claro acto de intromisión inaceptable en los asuntos internos del país”.
rgh/jpm
