Los desalojados provienen del interior del país y llegaron tras la destitución, el 7 de diciembre, del hasta entonces presidente Pedro Castillo y su detención y su reemplazo por la vicepresidenta, Dina Boluarte, para participar en las protestas contra el cambio de gobierno.
La exministra de la Mujer, Anahñi Durand, hizo notar que los acampados protestaban pacíficamente a la espera del anunciado reinicio de movilizaciones antigubernamentales, anunciado para el 4 de enero.
“Hablan de paz y utilizan la violencia y la criminalización”, comentó Durand en referencia a una “Marcha por la Paz” promovida por la Policía para mañana como contraparte de las movilizaciones que se alistan sobre todo en el sur del país y que comenzarán el 4 de enero.
El Ministerio del Interior anunció hace unas horas que la Policía no participará en la marcha de mañana, tras duras críticas contra la ilegalidad de la convocatoria policial, prohibida por la Constitución.
La parlamentaria progresista Sigrid Bazán llamó la atención sobre el gran número de policías que participaron en el desalojo.
El secretario general del Movimiento Nuevo Perú, Enver León, contrastó las invocaciones policiales a la paz con las operaciones contra las recientes protestas, en las que se registraron 26 muertos, según conteo de organizaciones de derechos humanos.
El desalojo de la Plaza Manco Cápac, nombre del primer emperador inca, fue condenado por la Asamblea Nacional de los Pueblos, un frente de organizaciones sindicales y otras agrupaciones sociales y partidos progresistas.
La asamblea ratificó su participación en las movilizaciones anunciadas y las demandas de nuevas elecciones generales este año y un referendo en el que la ciudadanía decida si quiere o no una asamblea constituyente que rechazan los partidos de derecha, los cuales apoyan a la presidenta Boluarte.
De otro lado, el Gobierno creó una comisión multisectorial para atender a los deudos de los fallecidos en las movilizaciones de diciembre, integrada por representantes diversos ministerios y organismos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y dos representantes de las familias de los muertos y heridos, a los que ha ofrecido apoyo económico.
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