El legislador del partido hispano de extrema derecha Vox y el del Republicano chileno Fernando González se presentaron la víspera en el comando policial de la capital cruceña junto con el extremista presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, para reclamar una reunión con el jefe de esa demarcación por los hechos de violencia registrados en los últimos días.
“Estamos profundamente preocupados por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en este país, de aquellos acuerdos internacionales que esta nación ha firmado”, afirmó el español ante diversas televisoras.
Choque calificó de irrespetuosa e injerencista esta actitud de un extranjero en un país que desde hace dos siglos dejó de ser colonia de España y que ya no es traspatio de ninguna potencia.
Agregó en declaraciones al canal estatal Bolivia Tv que como legisladora reclama de la cancillería exija una declaración a la embajada española en La Paz sobre si ese punto de vista es el del Gobierno del país europeo, y junto con eso una disculpa por esta violación de la independencia y la soberanía.
Fue enfática en la exigencia de que de inmediato se declare a González persona non grata y se le expulse del país.
Por su parte, El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, advirtió que los diputados extranjeros no representan a sus gobiernos y anunció un reclamo formal por esta intromisión “inaceptable”.
Denunció que Gonzalez, estuvo durante todo el tiempo del régimen de facto (2019-2020) al lado del exministro de Gobierno (Interior) Arturo Murillo, ahora procesado en Estados Unidos por corrupción.
Recordó que la Carta de Naciones Unidas específica en su artículo 2.7 que ningún país está autorizado en intervenir en los asuntos que son de jurisdicción interna de los Estados.
Sobre esa base, anticipó, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia por los canales diplomáticos correspondientes realizará el reclamo formal ante España y Chile por la conducta de esos diputados en el territorio nacional.
Grupos paramilitares afines al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, mantienen en tensión a Santa Cruz con incendios de instituciones públicas, secuestros, torturas a funcionarios y ataques contra las autoridades desde el 28 de diciembre.
En esa fecha Camacho fue arrestado y trasladado a La Paz por una orden judicial como parte de la investigación que se le sigue en el caso Golpe de Estado I por su participación en la ruptura del orden constitucional en noviembre de 2019 y el establecimiento de un gobierno de facto con Jeanine Áñez a la cabeza.
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