La presidenta Dina Boluarte insistió en su llamado a que las manifestaciones anunciadas, que incluyen una marcha desde las regiones del sur del país a Lima, se realicen en forma pacífica y que no haya más muertes como las 26 registradas tras su ascenso al cargo, el 7 de abril pasado.
Similar llamado hizo el primer ministro, Alberto Otárola, quien en recientes declaraciones subrayó lo que llamó la obligación del Gobierno de mantener la paz y el orden, lo que ha incluido el envío de fuerzas militares y policiales a territorios donde puede haber disturbios, sobre todo el sur del país.
La Asamblea Nacional de los Pueblos (ANP), que agrupa a organizaciones populares y partidos de izquierda y progresistas, llamó a que las movilizaciones sean pacíficas y advirtió contra la represión policial y militar.
La Coordinadora de Organización es Políticas de Izquierda y Progresistas (COIP), confirmó su participación en la lucha democrática y popular y llamó a rechazar cualquier provocación, venga de donde venga y a “cuidar la vida de nuestros ciudadanos y evitando la destrucción de la propiedad pública y privada”.
De otro lado, la presidenta Boluarte, en un discurso en la ceremonia de instalación del nuevo presidente del Poder Judicial, reconoció una deuda de justicia rápida “con las familias de los compatriotas fallecidos durante las protestas”, aunque reiteradamente ha negado ser responsable de las muertes.
“Ello evitará la impunidad y contribuirá a la paz social que tanto necesitamos”, agregó sobre el tema.
La presidenta ratificó su propuesta de diálogo con todos los sectores para dar soluciones a las demandas populares, a las que ofrece tratar con medidas sociales y económicas a favor de la población.
Con anterioridad desestimó tratar las demandas de fondo de organizaciones sociales y políticas, que plantean su renuncia, elecciones generales adelantadas este año -que el Parlamento fijó para abril de 2024-, y un referendo para que el pueblo decida si quiere o no una asamblea constituyente, bloqueada por el Congreso.
De otro lado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, encabezó la instalación de una comisión creada para apoyar económicamente y de otras maneras, según dijo, a las familias de los caídos, en su gran mayoría por disparos de armas de fuego.
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