El procurador del Estado Plurinacional, Wilfredo Chávez, confirmó la sentencia condenatoria este miércoles en un video entregado a Prensa Latina, en el cual explicó que la decisión judicial contra el rostro más visible de la represión del gobierno de Jeanine Áñez es inapelable.
Añadió Chávez que la Procuraduría mantiene activada una demanda en Estados Unidos para que Murillo devuelva al país altiplánico los más de 500 mil dólares que defraudó del patrimonio boliviano como resultado de sus ilícitas, y al propio tiempo alista las acciones necesarias para lograr su extradición una vez que cumpla la condena dictaminada en Miami.
El exhombre fuerte del gobierno anticonstitucional fue aprehendido en mayo de 2021, cuando resultó registrado como el preso número 02358-506 en el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa del condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos.
Como el resto de sus cómplices en una operación fraudulenta, Murillo se declaró culpable en busca de algún beneficio, sin embargo, como máximo responsable de los complotados, su condena fue de un septenio, mientras la de Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman, y Sergio Rodrigo Méndez quedó en cinco años.
Según declaró este miércoles desde Miami al canal estatal Bolivia Tv el abogado Thomas Becker, representante de las víctimas de la represión de 2019, Murillo pidió al tribunal que lo expulsaran de la vista de sentencia, y los jueces retiraron a todo el público.
Consideró, no obstante, que el veredicto es un paso importante para las familias de los fallecidos y heridos de Sacaba y Senkata, en El Alto, durante el gobierno de facto.
En 2019, sobre la base del Decreto 4078 -conocido como el “de la Muerte”- fuerzas policiales y militares reprimieron con fuego de combate a los manifestantes civiles.
Como resultado, murieron 38 personas, cientos fueron heridos y miles perseguidos, detenidos y torturados, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
En su función ministerial, Murillo desembolsó 5,7 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos y medios no letales a la intermediaria Bravo Tactical Solutions, pero ésta solo pagó a la empresa brasileña Cóndor 3,3 millones de dólares por su adquisición.
El sobreprecio de 2,3 millones de la moneda estadounidense fue transferido a cuentas en Estados Unidos para beneficio del exministro y sus cómplices.
De acuerdo con las investigaciones en Norteamérica, de esos 2,3 millones de dólares, 582 mil fueron para Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete de Murillo, y el resto fue dividido entre tres ciudadanos estadounidenses.
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