Como estaba previsto, la jornada tuvo a la región surandina de Puno como principal protagonista, al amanecer bloqueada la vía que comunica a ese territorio con Bolivia, incluyendo la carretera Interoceánica, que enlaza el sur de la costa peruana con Brasil.
A media mañana el primer ministro, Alberto Otárola, declaró que comenzó a normalizarse el tránsito en las carreteras de Puno, mientras la titular de Transportes, Paola Lazarte, precisó que en esa región persisten tres puntos de bloqueo en la ruta hacia Bolivia.
En declaraciones en un centro de monitoreo inaugurado para centralizar la información sobre la crisis, Lazarte aseguro que solo hay otro punto de bloqueo en la región de Cusco, contigua a Puno.
Hubo paralizaciones parciales de actividades y marchas en las sureñas regiones de Puno, Cusco y Arequipa, según reportes de esos lugares, así como en las provincias de Andahuaylas y Abancay, de la región surandina de Apurímac.
En Cusco la empresa concesionaria de los ferrocarriles del sur del país suspendió preventivamente por dos días sus operaciones, lo que interrumpió el principal acceso al llamado santuario inca de Machu Picchu, principal atractivo turístico del país.
Una marcha fue anunciada para esta tarde en Ayacucho, donde murieron 10 de los 26 caídos en las operaciones policiales durante las protestas de diciembre pasado.
En otras regiones, como la norandina de Cajamarca, la amazónica de Ucayali y las sureñas de Arequipa y Tacna se desarrollan marchas por la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien a primera hora pidió calma, paz y unidad, en diversas entrevistas.
Advirtió, al mismo tiempo, que solo se permiten las marchas pacíficas. En días previos las Fuerzas Armadas y la Policía enviaron refuerzos a las zonas potencialmente más críticas.
Boluarte insistió en no habrá impunidad por las muertes en las protestas de diciembre, desatadas tras la destitución parlamentaria, el 7 de diciembre, del hasta entonces presidente Pedro Castillo, a quien reemplazó la mandataria desde su posición de vicepresidenta.
La presidenta pidió una investigación rápida de las muertes y que se individualicen las responsabilidades, lo que dejó en manos del sistema de justicia y de una indagación a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pareció molesta cuando un periodista le mencionó la responsabilidad del Estado en el saldo luctuoso y le preguntó si garantizaba que no habrá más pérdida de vidas.
Respondió que las responsabilidades están pendientes de las investigaciones y no se deben atribuir al Estado y que nadie quiere más muertes, sin dar las garantías planteadas en la pregunta.
Reiteró su disposición a dialogar sobre proyectos sociales y económicos, pero no sobre las demandas políticas, como su renuncia, prontas elecciones y un referendo sobre la eventual convocatoria a una asamblea constituyente. “Los temas políticos, déjenlos a los políticos”, expresó.
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