De acuerdo con un comunicado dado a conocer a la prensa, las modificaciones sancionadas recientemente por el jefe de Estado, Laurentino Cortizo, violan la Constitución al crear fueros y debilita la institucionalidad en materia de prevención y sanción de la corrupción pública.
La nueva ley, precisaron en ese texto, otorga al Contralor General poderes discrecionales que le permitirá decidir, sin contrapeso alguno, qué investiga o deja de investigar.
«Se trata de una concentración de poder muy peligrosa, que amenaza el Estado de Derecho y la democracia», advirtieron.
La nueva ley, según ese mensaje, añade los conceptos de “sana crítica” y “buena fe”, dos principios ajenos a los procesos de fiscalización que deben determinar la corrección o no del uso de los fondos públicos.
Entre los colectivos que impugnaron esta norma sobresalen el Centro de Iniciativas Democráticas, el Movimiento Ciudadano Anticorrupción y la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia, entre otros.
Las agrupaciones también adelantaron que en vista de las claras violaciones a la Constitución en las que incurre esa nueva ley, presentarán acciones judiciales.
En su primera reacción a este creciente rechazo de la sociedad, el Contralor Gerardo Solís invitó a las organizaciones a conversar y consideró las diferencias de bien intencionadas y con nobles propósitos.
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