Al referirse en declaraciones a Prensa Latina a la situación creada por grupos de poder de Santa Cruz que amenazaron con boicotear el acceso de cárnicos y otros alimentos al resto de los departamentos tras el encarcelamiento del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, Silva aseguró que es importante la coordinación con otras instancias del aparato estatal.
De manera cautelar, Camacho fue encerrado por cuatro meses en la prisión paceña de alta seguridad de Chonchocoro para que no obstruya las pesquisas del caso Golpe de Estado I en el cual se investiga su participación en la ruptura del orden constitucional en Bolivia en 2019.
Según revelaciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el entonces titular del Comité Cívico cruceño movió cuatro millones y medio de bolivianos (más de 640 mil dólares) dentro de ese complot que desembocó en la imposición de un gobierno de facto y el asesinato de 38 personas, cientos de heridos y miles de violaciones de los derechos humanos en la represión contra quienes reclamaban el restablecimiento de la democracia.
Silva dijo a esta agencia de noticias que en función del control y la fiscalización su departamento mantiene estrecha coordinación con otras instancias del aparato estatal como el viceministerio de Comercio Interno, el de Desarrollo Rural y la Empresa de Ayuda a la Producción de Alimentos (Emapa).
Resaltó que el objetivo es que los pequeños productores y los empresarios que “le ponen el hombro al país puedan hacer llegar sus productos a los diferentes mercados de Bolivia”.
Exhortó a la población a que en el momento de hacer sus compras exijan la lista de precios y denuncien cualquier manifestación de agio y especulación.
Recordó que en caso de detectarse irregularidades las leyes prevén sanciones de hasta 10 años de prisión por ganancias ilícitas, grandes multas y la suspensión temporal o definitiva del establecimiento.
Silva enfatizó en que “las sanciones administrativas o penales están listas para ser activadas cuando se detecte que evidentemente se vulnera el derecho de los usuarios o de los consumidores, que somos todos los bolivianos y las bolivianas”.
El jefe de Estado, Luis Arce, instruyó a los ministros de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales; y de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, a redoblar los controles para garantizar la producción y evitar el agio y la especulación.
“Ambos ministros están en permanente contacto, negociación, acuerdos con los productores -describió Silva-, y eso es plausible porque te permite garantizar que los pequeños productores puedan hacer llegar sus mercancías a los mercados”.
El viceministro reiteró la convicción de que los intentos de impedir desde Santa Cruz el acceso de alimentos a los otros territorios, así como la inestabilidad en ese departamento muy pronto se resolverán, y Bolivia seguirá adelante como hasta ahora.
“No hay mal que dure 100 años”, concluyó en sus declaraciones a Prensa Latina.
lam/jpm
