Su coordinador, Rovelson Apollon, describió como dramática la situación de los derechos humanos, especialmente en ámbitos como la justicia, salud y seguridad, al tiempo que deploró el asesinato de 54 policías.
Los derechos a la alimentación, vivienda, educación y libre circulación de las personas no existen, debido al clima de terror creado por las bandas armadas, dijo el defensor al multimedio AlterPresse.
Se estiman que actualmente unas 200 bandas operan en el país, la mayoría de ellas en Puerto Príncipe y sus inmediaciones, donde controlan el 60 por ciento del territorio.
El país no funciona, no hay servicio a la comunidad, la gente está abandonada a su suerte, lamentó Apollon.
Las cifras de muertes como consecuencias de las pandillas varían de una organización a otra, sin embargo, todas coinciden en que al menos mil 400 personas fueron asesinadas en 2022 y más de un millar secuestradas.
Los datos señalan, igualmente, el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas en medio de los enfrentamientos violentos de los grupos armados en Cité Soleil, la llanura Cul de Sac o Croix des Bouquets, asentamientos bajo la influencia de las bandas 400 Mawozo, G-9 y aliados, así como el G-Pep.
Solo entre abril y julio al menos 500 personas fallecieron en el fuego cruzado de las pandillas que se disputan el control territorial y muchos de los desplazados no pudieron regresar a sus hogares.
El 2023 no empezó diferente y en lo que va de mes se reportaron al menos cinco secuestros, mientras una decena de presuntos integrantes de pandillas fueron ultimados por la Policía.
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