Pese al frío de estos días, ellos permanecen de guardia hasta que se abran las puertas de la dependencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y así tener derecho a elegir la ubicación en la papeleta electoral.
Mientras, no será hasta el 20 de enero cuando el TSE convoque oficialmente a las urnas para el 25 de junio venidero -en primera vuelta-, y el 20 de agosto si hubiera balotaje, y solo al día siguiente comenzará la pugna por conseguir un buen lugar.
Hasta la víspera, representantes de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Valor, Azul, Todos, Humanista, Cabal y Vamos se mantenían a la vanguardia en la fila para registrar a sus binomios presidenciales y otros puestos de elección popular, un proceso que durará hasta el 25 de marzo.
Para no perder el puesto en ese orden, harán relevos en días sucesivos.
En noviembre del pasado año, el TSE reformó algunos artículos de los reglamentos, entre ellos, que la ubicación en la papeleta dependiera de un sorteo; sin embargo, un mes después tuvo que dar marcha atrás ante críticas de las agrupaciones.
De ahí que este 2023 se mantiene igual que en los comicios de 2019, ratificó Irma Valencia, al frente de ese órgano clave en el futuro del país durante los próximos cinco meses.
Hasta la fecha, el ente electoral registra 29 partidos para la contienda, el último fue Mi Familia, y hay unos 30 comités en formación, aunque una gran mayoría sin posibilidades reales de entrar en la batalla.
Del total, ya ocho presentaron en asambleas generales a sus binomios presidenciales y a algunos aspirantes a diputaciones y alcaldías; mientras que este sábado lo harán la UNE y el oficialista Vamos, según adelantaron.
La víspera, los ministerios Público, de Gobernación y Defensa presentaron a los magistrados del TSE el plan de seguridad interinstitucional antes, durante y después de las votaciones.
Asimismo, las zonas de conflicto electorales basadas en datos históricos, entre ellas, ocho municipios con alto riesgo.
Expertos advierten que se espera una batalla legal en el proceso de inscripciones de aspirantes -ya sucedió en 2019-, sobre todo de aquellos considerados incómodos porque pretenden alterar el statu quo favorable a las élites empresariales.
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